La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha decidido llevar a cabo una exhaustiva revisión del resolutivo que autorizó el polémico proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”. Esta decisión responde al recurso de revisión interpuesto por un grupo de habitantes de la isla, quienes han manifestado su preocupación por las posibles implicaciones ambientales que el proyecto podría acarrear.
El pasado 13 de junio, la Semarnat admitió a trámite dicho recurso, cuestionando así el oficio resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21, con el cual se dio luz verde al desarrollo del muelle. Con este nuevo paso administrativo, la dependencia federal pretende evaluar de manera rigurosa los aspectos ambientales que puedan verse afectados, en particular la preservación del ecosistema arrecifal, fundamental para la biodiversidad local y la economía de la isla.
En respuesta a la impugnación, el miércoles 18 de junio de 2025, la Semarnat notificó tanto a los recurrentes como a la empresa desarrolladora sobre el inicio del procedimiento administrativo. A pesar de la solicitud de suspensión presentada por los ciudadanos para detener la ejecución del proyecto hasta que se resuelva la revisión, la Semarnat informó que la realización de las obras está supeditada al cumplimiento de los términos establecidos en la autorización de impacto ambiental original. Esto incluye la obtención de diversas autorizaciones, concesiones y permisos a niveles federal, estatal y municipal, los cuales aún no han sido emitidos.
Es importante destacar que el caso ha sido turnado al superior jerárquico de la Semarnat, quien ahora deberá tomar una decisión fundamentada en la normativa vigente y en los principios ambientales que rigen el servicio público. Este proceso es clave para garantizar el derecho de la población a un ambiente sano y equilibrado, en consonancia con la creciente demanda social de prácticas de desarrollo sustentable en la región.
La revisión del impacto ambiental del proyecto “Muelle Cozumel” se desarrolla en un contexto en el que la protección del entorno natural y la participación ciudadana cobran cada vez más relevancia en la planificación de proyectos de infraestructura.
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