Proponen desde el Congreso mexicano que los estados puedan prohibir empaques de poliestireno

Las entidades federativas podrían expedir una legislación, en relación con la prevención y gestión integral, así como prohibir entregar determinados productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido en caso de que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) presentada por la diputada Karen Castrejón Trujillo  se apruebe.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que el 40 por ciento de los residuos plásticos terminan en el ambiente y únicamente entre 5 y 10 por ciento de estos realmente se reciclan.

Además, para el 2040, la industria del plástico planea utilizar el 19 por ciento del presupuesto de carbono de 1.5 grados, aseguró.

Calculó que el costo de las externalidades de una tonelada de plásticos es de mil dólares, mientras que el flujo anual de este material hacia los océanos es de 11 millones de toneladas y que una tonelada de plástico emite 5 toneladas de CO2 y cada persona usa en promedio 46 kilogramos al año.

Así, a partir de la revisión de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia, se desprende que las entidades federativas, a través de sus leyes locales, pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general.

Sin embargo, solamente la Federación tiene facultades para especificar qué materiales y actividades están prohibidos con motivo de la prevención y manejo integral de residuos, ya que la LGPGIR no prevé que las entidades federativas tengan esta facultad.

Por ello, consideró, es necesario respaldar la voluntad de las entidades federativas para establecer en sus legislaciones locales, mayores requisitos respecto a la prohibición de ciertos materiales para la prevención de la generación de residuos plásticos.

La diputada Castrejón Trujillo expone en su iniciativa que no se trata de estigmatizar materiales o de generar y declarar la guerra a algunos sectores productivos, cuya importancia resulta innegable para las inversiones, la creación de empleo y desarrollo nacional; sin embargo, es indispensable velar por el interés colectivo expresado en muchas leyes ambientales locales.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, permitiría que las leyes estales tendrán correspondencia con la prevención y gestión integral de los residuos sólidos y contener prohibiciones sobre la entrega de determinados materiales plásticos que tardan mucho tiempo en degradarse.

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