Hace exactamente cuatro años, por “dignidad democrática”, el Gobierno Español aprobó el Decreto Ley que permitiría sacar los restos del dictador FRANCISCO FRANCO del Valle de los Caídos.
La exhumación de los restos de Franco, 43 años después de su muerte, ya no tenía vuelta atrás.
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La fórmula consistió en una sencilla modificación de la Ley de Memoria Histórica, añadiendo un apartado a su Artículo 16, que señala que no pueden estar enterrados en el Valle quienes no murieron durante la Guerra Civil, ocurrida entre 1936 y 1939.
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Franco, que falleció octogenario, el 20 de noviembre de 1975, luego de una larga agonía, no cumple estas condiciones, a diferencia de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, fundador de la Falange, y los más de 30 mil combatientes -republicanos y monarquistas- que están enterrados en el Valle de los Caídos.
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Estuve por allá en el Verano de 1982, y doy fe de que es un monumento impresionante.
La decisión del nuevo gobierno español, sería una justicia histórica para todos aquellos que murieron en la cruenta guerra que dividió a los españoles, y que daría origen a la dictadura que les gobernó de 1939 hasta la muerte del dictador, en 1975,
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