En el contexto del Foro “Diálogos por la Anticoncepción y Planificación Familiar”, se han reunido expertas y expertos nacionales e internacionales para discutir los avances y desafíos en políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Este evento subraya el compromiso de México de proporcionar acceso universal a métodos anticonceptivos y planificación familiar, reconocidos como derechos humanos esenciales.
La segunda edición del Atlas 2025, presentada durante el foro, evalúa el desempeño de las políticas públicas en la región. Según este informe, México destaca con una cobertura del 93.2% en sus políticas de anticoncepción, posicionándose entre los líderes en América Latina junto a Uruguay (87.6%) y Colombia (84.5%). Sin embargo, la situación es alarmante en otros países, donde naciones como Haití (29.5%) y San Vicente y las Granadinas (18.9%) muestran coberturas significativamente más bajas, evidenciando la necesidad urgente de mejorar las estrategias regionales.
Alanna Armitage, representante del UNFPA en México, celebró los logros del país, pero advirtió sobre la sostenibilidad de estos avances sin el adecuado financiamiento. Solo 17 de 33 naciones en la región cuentan con un presupuesto específico para anticonceptivos, lo que limita el derecho a decidir sobre la maternidad y la planificación familiar.
Entre los retos discutidos en el foro, se incluye la necesidad de garantizar el abasto constante de anticonceptivos y la capacitación de personal médico. Proyectos como el implementado en la Alcaldía Xochimilco resaltan el impacto positivo de la colaboración entre sectores público y privado en la reducción de la fecundidad adolescente.
La Dra. Raffaela Schiavon enfatizó la importancia de consolidar los logros alcanzados y fortalecer programas de educación sexual integral. La directora del CNEGSSR, Teresa Ramos, reiteró el compromiso de México para cerrar las brechas en el acceso a servicios de salud, especialmente para poblaciones vulnerables.
Con foros como este, el UNFPA refuerza su papel en el diseño de políticas basadas en evidencia, promoviendo la equidad de género y el derecho a la salud sexual y reproductiva, con miras a reducir los embarazos no intencionados hacia el 2030.


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