En respuesta al amparo interpuesto el 25 de agosto del 2022 por habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero, el 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de dichas concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía, y el 28 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz otorgó la suspensión definitiva a las otras 20 concesiones.
En su proceso de amparo, los habitantes argumentaron que en el proceso de expedición de los títulos de concesión minera la autoridad incurrió en la omisión de garantizar sus derechos humanos a la vida digna en su dimensión colectiva, a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
La resolución emitida por un juzgado de distrito en Veracruz en diciembre del 2022, habitantes de Actopan y Alto Lucero, en el estado de Veracruz, cuentan con la suspensión definitiva para todo el distrito minero consistente en 24 concesiones ubicadas en dichos municipios.
La medida implica que no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero.
La resolución judicial señala que “es posible advertir que, al margen del interés particular que pudiera existir para el aprovechamiento de la concesión minera, lo cierto es que el derecho a la salud y protección de la vida del que gozan los seres humanos prevalece como derecho preponderante, reconocido en el artículo 4° constitucional y en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Asimismo, considera la dimensión colectiva de la protección del derecho a un medio ambiente sano al señalar que ésta “resulta indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales de los quejosos y del resto de la población”.
En ese sentido, señala que “la continuación de operaciones de actividad minera en la zona de Actopan, Veracruz, reclamada podría vulnerar en perjuicio de los peticionarios de amparo, su derecho a la salud y a un medio ambiente sano”.
Las comunidades que habitan en esta región de Veracruz basan sus proyectos de vida y su economía en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios socioambientales que éstos proporcionan, por lo que la actividad minera supone graves afectaciones para su modo de vida, así como para el patrimonio natural de la región.
La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente.
Imagen de Sectur en veracruz.mx
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