Dotan de autonomía a la Universidad del Estado de Quintana Roo

La Décimo Sexta Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad una reforma legal que dota de autonomía de gobierno a la máxima casa de estudios de la entidad, que ahora será conocida como Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

En la sesión ordinaria número 9, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, presentado por las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.

Con esta reforma se dota de autonomía de gobierno a la máxima casa de estudios de Quintana Roo, permitiendo que la institución universitaria pueda autoorganizarse y autoregularse, además de que podrá derivar el poder para determinar libremente sus propios estatutos, definir su régimen interno y tener la libertad de nombrar a sus autoridades y la participación de la comunidad en los órganos de gobierno.

De esta manera la Universidad de Quintana Roo podrá asignar al personal administrativo, elegir la plantilla de docentes, asignar a sus autoridades, elegir los métodos de enseñanza y administrar sus recursos.

Según el dictamen, la Junta Directiva estará integrada por nueve personas a título honorífico, de reconocido prestigio y solvencia moral, cinco de los cuales deberán ser integrantes del personal académico de la Universidad.

Esas cinco personas serán designadas por el Consejo Universitario, y las cuatro personas integrantes restantes serán designadas dos por el Patronato y dos por el Consejo Social.

De acuerdo con la reforma, corresponderá a la Junta Directiva nombrar a la persona titular de la Rectoría, así como resolver acerca de su renuncia o licencia y removerla por causa grave y justificada, siempre que la Junta la acredite y sustente.

Para efectos del nombramiento de la persona titular de la Rectoría, la Junta Directiva conformará una Comisión Especial, tripartita y proporcional, misma que será integrada por quienes integran el Consejo Universitario, del Patronato y del Consejo Social.

Además, para garantizar su apego a la estructura de la sociedad local, la Universidad constituirá, con la participación de integrantes de los sectores públicos, privado y social, un órgano mixto de vinculación con la sociedad y dependiente del Consejo Universitario, que será el Consejo Social.

Respecto al tema presupuestal, se estableció que la persona titular de la Rectoría deberá remitir su anteproyecto de presupuesto de egresos en el mes de octubre de cada año, que incluya las previsiones económicas para cubrir los servicios a cargo, esto para que se pueda incluir en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.

Entre los transitorios se estableció que el nombramiento de la persona titular de la Rectoría que realice la Junta Directiva con base en la terna presentada por la Comisión Especial se llevará a cabo por primera vez al término del periodo la actual titularidad de la Rectoría, misma que concluye el 14 de agosto de 2023.

De igual forma, a la entrada en vigor del decreto, el personal académico y administrativo de la Universidad conservarán todos los derechos laborales adquiridos de forma previa, por lo que en ninguna forma resultarán transgredidos en su antigüedad, prestaciones, derechos y obligaciones laborales.