Discuten en Parlamento Abierto marco jurídico mexicano sobre ciberserguridad con miras a crear Iniciativa de Ley Federal sobre el tema

Un total de 92 personas participaron en el Parlamento Abierto organizado en la Cámara de Diputados Federal mexicana organizado esta semana con el objetivo de analizar el marco jurídico y las propuestas legislativas sobre ciberseguridad para poder integrar un proyecto de iniciativa de Ley Federal en la materia.

Durante el mismo, se destacó la necesidad de una legislación en este tema y ampliarla, pues es un concepto transversal que afecta diferentes ámbitos de la vida nacional; que incluya prevención y difusión y se analizó su impacto en contenidos educativos para la niñez y adolescencia.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputado Javier Joaquín López Casarín del Partido Verde Ecologista de México, quien afirmó que existe el interés por proteger las actividades en Internet. Agregó que el tema lleva muchos años en la agenda y tendrá que ser parte permanente de las políticas públicas del país.

López Casarín informó que se han recibido diversas iniciativas que serán estudiadas para elaborar la iniciativa final, que será la “versión cero”, bajo la que iniciaremos nuestros trabajos”, así como opiniones conceptuales, análisis especializados, manuales, guías, marcos, mapas de política pública de ciberseguridad, especificaciones técnicas y contribuciones nacionales e internacionales que permitirán enriquecer su contenido.

En el Foro participaron Valeria Vargas González, colaboradora legislativa de Cámara de Diputados, quien se pronunció por el uso de mejores servidores de Internet porque al ingresar a páginas de gobierno el servidor de Chrome señala que es insegura; en tanto que Julio César Vega Gómez, miembro de la Asociación Internet MX, recomendó que para emitir una ley de ciberseguridad a la altura de las circunstancias se consideren controles de constitucionalidad y convencionalidad para evitar poner en riesgo los derechos humanos.

Manuel Díaz, de Huawei México, consideró relevante que la legislación aborde nuevas tecnologías y retos. Pidió que la ciberseguridad se defina con la participación de empresas y subrayó que “sin seguridad no puede haber orden y progreso” mientras que Cynthia Solís Arredondo, de la Asociación Internet Mx, estimó que la legislación debe tener un elemento de prevención y fortalecer las capacidades de investigación y resolución de las instituciones de procuración de justicia. Destacó la importancia de que el Estado invierta en ciberseguridad a nivel preventivo y correctivo, con enfoque de protección a derechos humanos.

Daniel Santin, especialista en ciberseguridad, delitos informáticos y cibercriminalidad, propuso implementar planes de estudio en la materia para niñas, niños y adolescentes y brindarles elementos básicos que les permitan desarrollar estrategias de autocuidado. Además, retomar la firma del convenio de Budapest, y actualizar la estrategia nacional de ciberseguridad.

En el evento también participó Juan José Cuevalle, de BM Guber-México, quien destacó la importancia de atender este tema lo más pronto posible, ya que después de la pandemia la forma de trabajar es conectarse a los sistemas de empresas, compañías y dependencias, por eso se requiere garantizar la seguridad tanto al interior de las oficinas, como en los dispositivos que se conectan de manera remota.

Por su parte, Luis Federico Vázquez Elizondo, del equipo jurídico de Axtel, se pronunció por crear un proceso de atención para la persecución de delitos, y tener reglas claras en los que todos los proveedores de servicios de comunicaciones participen de manera inmediata y eficiente; mientras que Erick Tavares Robles, de la firma Tavares &Tavares, pidió que los tres órdenes de gobierno trabajen en una Ley General que integre los principios de ciberseguridad, pues de lo contrario no se obtendrá una protección legal, ya que entre más específicos se pretenda ser más cosas podrán dejarse fuera.

Carlos Estrada Nava, capacitador para policías cibernéticas, apuntó que más allá de si hay o no presupuesto, es necesario crear un atlas nacional de riesgos cibernéticos, prohibir las ciberextorsiones, que las organizaciones reporten un incidente cibernético en menos de 72 horas, que las bases de datos estén en México, y contar con un sistema nacional de protección a dependencias de gobierno.

Liliana Jiménez, de Metabase Q, afirmó que es necesario un marco regulatorio sólido e innovador que favorezca la infraestructura institucional, con recursos necesarios, a la altura de los desafíos y contexto actual. Recomendó atender las definiciones y disposiciones internacionales en la materia y mantener una participación activa en esos espacios para favorecer la cooperación.

Krizia Delgado Delgado, gerente de Relaciones con Gobiernos, de Google, manifestó la importancia de mantener seguros a todos los usuarios y la infraestructura de Internet, contribuir a estándares internacionales de ciberseguridad con mejores prácticas y herramientas para desarrolladores, y soluciones integradas que hagan que la seguridad sea más sólida y fácil de implementar.

En el Parlamento también participó Oscar Raúl Ortega Pacheco, de la organización civil Red por la Ciberseguridad, refirió que hay un déficit de profesionales relacionados con el ámbito de la ciberseguridad y por eso se requieren políticas públicas que promuevan el desarrollo de estas habilidades, e incentiven la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías para solventar las necesidades y posicionar a México como líder global en la materia.

En su oportunidad, Pablo Andrés Ruiz Salmones, director general de X-Eleva Group, planteó integrar el componente humano y tecnológico, porque muchos delitos se cometen con la complicidad de personas en organizaciones, empresas y gobierno. Afirmó que para prevenir esto, es necesaria la participación de los sectores educativo, empresarial, civil y gubernamental.

El proyecto se hará público y se presentará la “versión cero”, la cual trata de construir y priorizar una política pública nacional que tenga impacto en los tres órdenes de gobierno.

Imagen de Darwin Laganzon en Pixabay