El empresario hotelero Fernando Eugenio Barbachano Herrero solicitó la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin al allanamiento de sus hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá ocurrido la madrugada del viernes 18 de febrero pasado por un grupo de personas que asegura, fueron contratados por la empresa Inmobiliaria R4 SA de CV, propiedad de Rodolfo Rosas Moya.
En conferencia de prensa, Barbachano pidió al Ejecutivo federal instruir a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional para que atraigan el caso y le logren restituir ambas propiedades que fueron invadidas
“El allanamiento violento por gente armada, sin intervención de las autoridades ni el auxilio oportuno de la policía a favor de estos hoteles íconos turísticos de nuestro país ante el mundo, puede afectar severamente la buena imagen que en materia turística tiene México a nivel internacional”, expresó el empresario,
Afirmó que las personas invadieron las propiedades tras amagar y agredir al personal del hotel además de tomar control de las propiedades aun cuando al momento de los hechos se encontraban hospedados turistas nacionales y extranjeros.
Acompañado del abogado Manuel Rodríguez Villamill, el empresario yucateco refirió que interpusieron ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán la denuncia correspondiente y se abrió la carpeta de investigación UNATD13 GF/00274/2022.
Así mismo, señaló que el fiscal investigador y la policía estatal han realizado diversas diligencias en las que han constatado que hay gente contratada por Inmobiliaria R4 SA de CV, quienes impiden el acceso a las instalaciones no sólo a los directivos de Posada Chichén Itzá SA de CV, sino incluso a funcionarios y agentes estatales.
“Se ha pedido por todos los medios legales a las autoridades del Estado de Yucatán que restablezcan el estado de derecho y detengan el evidente allanamiento del que son objeto los hoteles Mayaland y The Lodge, sin obtener ningún resultado a la fecha”, comentó el empresario.
Barbachano afirmó que el día de los lamentables hechos envió dos mensajes al Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal para solicitar su intervención sin obtener hasta la fecha respuesta alguna y consideró que la imagen turística no sólo de Yucatán, sino de México, pues los hoteles todavía reciben huéspedes por reservaciones previas al allanamiento y mismos que no tienen conocimiento que quienes están operando los hoteles no es la empresa propietaria con quienes los huéspedes celebraron el contrato de hospedaje, sino personas totalmente ajenas.
“En este momento no hay quien legalmente garantice no sólo las obligaciones del prestador de servicios turísticos para con sus huéspedes, sino tampoco su integridad física”, puntualizó.
Barbachano responsabilizó a Rosas Moya y a las autoridades de lo que pudieran pasarle a él y a su familia debido a los atropellos y hostigamiento que han sufrido en días recientes, incluso en su residencia en Cancún.
De acuerdo al empresario yucateco, el 3 de junio del año 2020, Inmobiliaria R4, S.A. de C.V. representada por Rodolfo Rosas Moya, suscribió una carta de intención de compra para la adquisición de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá. En dicha carta se establecía que el 3 de julio de ese mismo año entregaría la cantidad de 6 millones de dólares en concepto de arras de garantía para la compraventa prometida.
El precio por el que se prometió la venta del hotel Mayaland SA de CV fue por la cantidad de hasta 18,996,160 millones de dólares americanos.
Barbachano aseguró que en vez de la entrega de los 6 millones de dólares como arras de garantía de la compraventa prometida en un solo pago, el 3 de Julio del 2020 pidió un plazo más y garantizó con 10 millones de pesos que el 7 de agosto cumpliría el compromiso de pagar los referidos 6 millones de dólares, pero en dos exhibiciones de 3 millones de dólares cada una.
Sin embargo, después de firmado el contrato de promesa de compraventa, Rosas Moya manifestó no tener completo el dinero para entregar como parte de la garantía y pidió dividir la segunda entrega de 3 millones de dólares en dos parcialidades de un millón y medio cada uno, estableciéndose el 27 de octubre del 2020 como fecha de entrega de esta cantidad, para completar el depósito de los 6 millones por concepto de la mencionada garantía.
El 26 de Octubre, vía electrónica primero y con una carta entregada al corredor de bienes, Rosas Moya manifestó no tener el dinero y solicitó otra prórroga para la entrega de los últimos 1.5 millones de dólares.
“Ante los múltiples incumplimientos y la falta de seriedad demostrada por Rosas Moya a quien se le dio en múltiples ocasiones la oportunidad de pagar la totalidad del monto para concluir el proceso de compraventa, el 30 de octubre 2020 se tomó la decisión de rescindir el contrato, lo cual le fue notificado a él y a su empresa quienes eran los futuros compradores, mediante Notario Público”, señaló.
El 8 de enero de 2021 se demandó por la vía civil a Inmobiliaria R4 S.A de C.V por el pago de 1,500,000 de dólares de la diferencia restante para alcanzar el monto de los 6 millones de dólares convenidos por ambas partes como pena convencional.
De acuerdo a Barbachano, en diciembre del 2021, Rosas Moya, con uso de influencias inventó y promovió un Juicio Ejecutivo Mercantil en el Juzgado Segundo Mercantil de Mérida, a cargo del Juez Raúl Cano Calderón, en mi contra, de dos de mis hijos, y de la empresa Mayaland, S.A. de C.V., con la clara intención de despojarnos de nuestras propiedades debido a que no existe ni se ha suscrito nunca título de crédito alguno o documento firmado en instrumento público en el que se reconozca adeudo ninguno en favor de Inmobiliaria R4 o de Rosas Moya
El 17 de febrero del 2022 se llevó a cabo una diligencia para emplazamiento en el Hotel Mayaland, diligencia que acusa ilegalidades ya que la actuaria Cathia Nallibe Azcorra Castillo únicamente designo como interventor al Alejandro Alvarado Muro y tal y como manifestó posteriormente en el Informe Policial Homologado de Investigación que está integrada en la carpeta de investigación UNATD13-GF/274/2022, afima Barbachano.
La Actuaria declara no haber entregado la posesión del inmueble, por lo que, corrompiendo autoridades al inventar un juicio mercantil logra órdenes espurias de embargos en contra de los hoteles. Por todo ello, se interpuso un juicio de amparo en contra de ese ilegal embargo, así como quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El empresario yucateco también afirmó que en la madrugada del día 18 de febrero pasado, más de 18 personas armadas, que nunca se identificaron como pertenecientes a corporación alguna de seguridad pública y sin estar acompañadas por ninguna autoridad competente, irrumpieron en los hoteles, golpearon y lesionaron al personal de seguridad; realizaron destrozos a las cámaras de seguridad, destruyeron los teléfonos móviles de más de 20 colaboradores, y secuestraron las instalaciones.
“Ante la gravedad de lo que sucedía, en el mismo momento de los hechos, le pedí al Gobernador Mauricio Vila Dosal que interviniera para salvaguardar la seguridad de visitantes nacionales e internacionales; la de los colaboradores del hotel, y las propias instalaciones donde además hay vestigios arqueológicos patrimonio de la humanidad, pero lamentablemente no se tuvo respuesta alguna”, dijo.
Así mismo, asegura que se llamó al 911 para denunciar el delito de allanamiento y no fue sino hasta 5 horas después que una unidad policial fue al hotel y los agentes, contrario a los protocolos de actuación, solo se entrevistaron con los agresores, nunca entraron a la propiedad ni hablaron con el gerente, quien hizo la llamada, y procedieron a retirarse.
“Lo asombroso es que hasta el día de hoy, las fuerzas del orden salvaguardan los intereses de los allanadores que mantienen secuestrados los hoteles”, afirmó.
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