La Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes, con el respaldo de numerosas organizaciones de la sociedad y colectivos sociales, rechazó “enérgicamente” la presentación de la iniciativa de ley para crear el Instituto Estatal de la Familia, presentada ayer por diversas organizaciones por conducto de la Alianza por el Derecho a la Vida, pues considera que “presenta un enfoque discriminatorio y que viola los derechos humanos de quienes habitamos en Quintana Roo”.
A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el marco de una ola creciente de violencia feminicida y en un Estado con Alerta de Violencia de Género (AVG) en varios municipios, temas fundamentales en materia de derechos humanos, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a la no discriminación de la población LGBTTTIQA, al matrimonio entre personas del mismo sexo y el interés superior de la infancia, “amenazan con retroceder bajo enfoques fuera de la laicidad del Estado”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que esa iniciativa genera una controversia a lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y añadió:
“Los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres de Quintana Roo, así como de las personas de la diversidad sexual y de la sociedad en general, reconocidos ampliamente en los marcos normativos internacionales, nacionales y locales, son amenazados ante la falta de perspectiva de género y enfoque de derechos humanos contenidos en la iniciativa presentada”.
Acorde con cifras recientes, añadió, Quintana Roo es un estado con preocupantes tasas de embarazo adolescente, violencia sexual y uniones tempranas. A pesar de esas cifras de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, ningún presupuesto del Estado ha sido destinado en apoyo específico para el funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo Adolescente, como lo marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por otra parte, continuó, la Educación Integral de la Sexualidad para niñas, niños y adolescentes, comprobada herramienta en la prevención de los embarazos en adolescentes, el abuso sexual y la violación infantil, se mantiene fuera de las aulas.
De acuerdo con la agrupación, desde 2009 el Estado mantiene una cifra elevada de violencia sexual, principalmente a mujeres, pero especialmente en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años. Además, a pesar de las recomendaciones nacionales realizadas al Estado, no se implementa la NOM 046, que mandata las obligaciones del personal de salud en materia de atención a víctimas de violencia sexual y familiar, incluyendo el proceso para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por violación, en su mayoría desconocido, obstaculizado o negado por el personal de salud y por otras instancias de atención a víctimas.
De 2011 a 2016 Quintana Roo registró más de 49 crímenes de odio hacia las personas LGBTTTIQA, ocupando el segundo lugar nacional, sin que eso genere alguna política pública como respuesta a esa violencia hacia ese grupo en desventaja social, teniendo entre las víctimas a personas que habitaban en el Estado y turistas.
En este panorama, y ante la “invisibilización” de las problemáticas tan apremiantes para más de la mitad de la población en el Estado, medidas como la creación de una instancia estatal fuera de los marcos de derechos humanos sin perspectiva de género, que niega la evidencia científica y el Estado laico, representa un obstáculo a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y toda la sociedad en el territorio estatal, destacó.
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