La constructora automovilística francesa Renault ha vivido hoy un día negro. Sus acciones se han llegado a desplomar hasta en un 20% (10,28% al cierre del mercado) en la Bolsa de París. Ha sido la reacción a la noticia aireada por el sindicato CGT de que inspectores del Gobierno habían registrado las instalaciones de la firma para revisar los programas digitales de medición de emisiones de los vehículos y que Volkswagen, según se ha demostrado, había trucado. La dirección de la empresa negó fraude alguno y el Gobierno francés así lo confirmó después, lo que no fue suficiente para recuperar el valor de las acciones.
La dirección de la compañía se apresuró a asegurar que los inspectores no habían hallado fraude alguno como el que se destapó en su momento en la marca alemana Volkswagen, pero la tormenta bursátil ya estaba desatada. Por la tarde, la ministra de Ecología, Energía y Desarrollo Sostenible Ségolène Royal ha confirmado la información aportada por el grupo Renault. La comisión técnica que desde octubre analiza vehículos franceses no ha encontrado ningún truco en los coches Renault, pero sí, ha advertido, hay modelos que superan las emisiones permitidas. La firma Renault se reunirá la próxima semana con los técnicos del departamento de Royal para mejorar este asunto.
Los desencuentros de la firma con el Estado francés
El potente sector francés del automóvil está inquieto con la batalla emprendida por el Gobierno contra el diésel y, en general, contra las emisiones contaminantes del automóvil. “Esta tendencia a machacar al diésel es muy preocupante”, ha dicho en más de una ocasión el presidente del grupo, el brasileño Carlos Ghosn. Para el directivo, es injusto que se ponga en la misma cesta los viejos motores diésel y los nuevos. Pero Renault no es la única firma que se revuelve contra los planes medioambientales de los políticos. A la ley de transición energética que lidera la ministra Ségolène Royal se une el proyecto de la alcaldesa de París Anne Hidalgo de liberar a la ciudad de vehículos diésel. El encontronazo del presidente de PSA Peugeot-Citroën, Carlos Tavares, con la alcaldesa es ya un clásico. “Nos dice que quiere evitar la energía fosil, pero creo que el verdadero problema es que quiere liberar París de coches”.
La diferencias con las autoridades políticas, sin embargo, no son solo de carácter ecológico. El grupo Renault, que explota también las marcas Dacia y Renault Samsung Motors, es contrario a la norma que premia con la duplicación del valor de su participación a los accionistas que se mantienen en la compañía más de dos años. Es la llamada Ley Florange que persigue una mayor estabilidad del accionariado. El Estado francés aumentó en abril su participación hasta el 19,7% (antes era del 15%) para imponer justamente este sistema que el Consejo de Administración puede bloquear. Nissan, el otro gran accionista de Renault, acordó en diciembre pasado con el Ministerio de Economía aceptar la Ley Florance, que entrará en vigor en abril próximo, y estabilizar el accionariado imponiendo un techo a la participación estatal.
Hace solo unas semanas una organización ecologista alemana, Duetsche Umwelthilfe, había señalado que el modelo Espace de Renault salido en la primavera pasada emitía oxido nitroso en una cantidad que superaba 25 veces el nivel permitido. “No habíamos visto emisiones de tal nivel desde finales de los años 1980, con la adopción de límites europeos de emisiones”, dijo entonces Axel Friedrich, cofundador del Consejo Internacional de Transporte Limpio.
Tras el escándalo Volkswagen, Ségolène Royal prometió análisis aleatorios a un centenar de vehículos diésel en Francia. El 1 de octubre se iniciaron tales exámenes y hoy la comisión técnica de emisiones contaminantes ha presentado los resultados de los 22 primeros análisis realizados en coches de ocho constructores diferentes. Ha sido al término de la reunión cuando Royal ha explicado los resultados obtenidos, que dejan de momento a salvo a la industria francesa.
Según la dirección de Renault la comisión técnica ha analizado 25 automóviles de la marca Renault (“en proporción a su cuota de mercado”, dice la firma) desde octubre y que el resultado es que no se encontraron sistemas informáticos trucados para disimular las emisiones de sus motores. Para la dirección del segundo constructor francés de automóviles, los registros que en paralelo realizaron la semana pasada los inspectores del Ministerio de Economía, a petición del departamento de Royal, “tienen por objetivo validar definitivamente los primeros análisis realizados por la comisión técnica independiente” del Ministerio de Ecología. Macron ha explicado desde Berlín que los controles de su departamento se están realizando desde septiembre pasado, que se ha inspeccionado a varias marcas y que el objetivo es comprobar la fiabilidad de la información que los constructores ofrecen a los consumidores.
Los registros en Renault de los funcionarios de la oficina de fraude del Ministerio de Economía de Francia tuvieron lugar el jueves pasado, 7 de enero. Además de indagar en el sector de la homologación y los controles de los motores, los investigadores han requisado los ordenadores de varios directivos, según el sindicato CGT. Las oficinas inspeccionadas son las de la sede social, el centro técnico de Lardy y el de Guyancourt.
El parque automovilístico francés está muy dominado por el diésel. La Cumbre del Clima y la política del Gobierno de François Hollande de reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles ha obligado a su industria a intentar adaptarse. De hecho, el grupo Renault ha aprovechado esta inspección para recordar que en los últimos tres años ha reducido en un 10% el uso de carbón en sus vehículos. Es también el principal constructor de vehículos eléctricos de Francia.(Agencias)
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