Como una “regresión democratica a un esquema de partido único” calificó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) los cambios propuestos en el “Plan B” de la Reforma Electoral propuesta por el ejecutivo federal, así mismo, se expresaron confiados en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizarán un análisis exhaustivo de los cambios a las leyes electorales y determinarán si existen o no elementos para suspender las modificaciones autorizadas por los legisladores
“México no puede ni debe dar un paso atrás en las conquistas logradas por la sociedad civil organizada en décadas de lucha social que han permitido la consolidación de un sistema de elecciones confiable, cuya labor ha dado paso a la alternancia en el poder”, aseguró el organismo a través de un comunicado.
En el texto advierten que, de mantenerse las reformas a las leyes secundarias en la materia, se podría anular la elección del 2024, lo que derivaría en un clima de inestabilidad política que afectaría gravemente la vida social y minaría los esfuerzos para incentivar el desarrollo económico y la llegada de inversiones.
“En ese sentido, las Ministras y Ministros de la SCJN tienen ante sí la oportunidad de reafirmar que en nuestro país se respeta la sana División de Poderes, y que por encima de cualquier interés personal o de grupo, prevalece lo dicho en la Constitución y el interés superior de las y los ciudadanos de vivir en un país libre, democrático y con plena vigencia del Estado de Derecho”, señalan.
Aseguraron que desde la Coparmex se respaldan quellas acciones que, con base en la ley, defiendan las libertades y derechos.
“Apoyamos las expresiones que se presenten para controvertir esta reforma que, como bien advirtió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pone en riesgo la transparencia, certeza y legalidad de las elecciones y representa un duro golpe a la democracia al intentar desmantelar a las instituciones que la tutelan”, dice el escrito difundido a través de sus medios oficiales.
Así mismo, señalan que confian en el compromiso de la SCJN con el Estado de Derecho, y en que determinarán la suspensión del Plan B para contribuyir “a que México siga siendo un país de instituciones”.
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