El enfoque hacia los pobres, la política de austeridad, y los puentes de diálogo entre el gobierno y los representantes empresarieles fueron algunos de los aspectos considerados como positivos por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respecto al Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en tanto que considerron a la inseguridad, la violencia y la incertidumbre económica como factores que ponen en riesgo las inversiones y el desarrollo de México.
“En ocasión del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que el balance es de luz y sombras, con avances en algunos temas, pero con desafíos muy preocupantes, principalmente por los altos índices de violencia e inseguridad, así como la falta de certidumbre económica, lo que frena las inversiones y el desarrollo del México”, afirmaron en un comunicado difundido la semana pasada.
En él estimaron como aspectos a destacar el enfoque hacia los pobres, gracias a la implementación de programas sociales y la austeridad.
Sin embargo, consideraron que los programas sociales deben ayuden a que quienes viven en situación de pobreza, puedan salir de ella y está no siga aumentando en el país y que la austeridad no es solo dejar de tener gastos superfluos, sino “ejercer los recursos con responsabilidad, en aquello que tiene sentido”.
“Coincidimos también en que debe existir un combate frontal a la corrupción, aunque persisten casos como en la construcción del Aeropuerto de Texcoco donde se señaló que existían actos de corrupción y estos no fueron probados”, afirmaron.
La Coparmex destacó que se hayan mantenido abiertos los puentes de diálogo entre los representantes empresariales y el Gobierno Federal, lo que permitió alcanzar acuerdos en beneficio de las familias mexicanas, como los incrementos en el salario mínimo, el respeto a la libertad sindical y el acuerdo sobre el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que si bien está limitado debido a los factores externos, significó un gran avance porque se evitó que se tomaran medidas como el control de precios, situación que hubiera sido perjudicial para todos.
“En contraste, consideramos que en la actualidad México enfrenta grandes desafíos en seguridad pública, educación, salud y en economía, cuya solución es urgente. Estos son los temas que más preocupan a la ciudadanía, y desde Coparmex, hacemos un llamado para revisar estrategias y políticas públicas para atenderlos y superarlos, pues pese a que solo quedan dos años de la actual administración, aún tenemos tiempo para mejorar las condiciones del país”, señala el comunicado.
Consideraron que incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es la solución a los problemas de seguridad pública del país sobre todo porque esta decisión contraviene lo dispuesto en la Constitución.
“Desde el sector empresarial nos pronunciamos a favor de que haya un estricto cumplimiento al Estado de Derecho, que incluye el respeto a la Constitución, a las leyes y a los acuerdos firmados, pues la certidumbre jurídica es esencial para atraer inversiones a nuestro país y, con ello, impulsar el desarrollo que necesitamos, sobre todo después de la crisis económica y de salud que nos dejó la pandemia de COVID-19”, afirmaron.
Manifestron que esperan que el espacio de diálogo que se abrió con las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá -quienes advierten un incumplimiento de México al T-MEC por la política energética de nuestro país, que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en detrimento de las empresas de esos países- termine con un acuerdo y con el cumplimiento de lo firmado, para que estos reclamos no se diriman en paneles internacionales, donde se puede castigar a nuestro país con la imposición de aranceles a otros productos clave, en compensación por no cumplir con el tratado trilateral.
“En materia de inversiones, reiteramos nuestro llamado a diversificar los proyectos a realizar y a no concentrar los recursos en pocas obras, que si bien son prioritarias para el actual Gobierno, no han demostrado su viabilidad financiera y su beneficio para la población. Nos preocupa que los montos estimados desde un principio para dichas obras se hayan elevado y que no exista una verdadera transparencia de los recursos ejercidos y que la falta de estudios de impacto ambiental impida visibilizar los verdaderos daños que se ocasionan al medio ambiente y a las comunidades donde se desarrollan estos proyectos”, dijeron.
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