En Quintana Roo se han diversificado las fuentes de riesgo para la práctica del periodismo, alertó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, quien señaló a La Jornada que en los dos últimos años se ha multiplicado en diferentes actores.
Recordó que el año pasado fue el segundo más letal para la prensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el más peligroso para ejercer el periodismo, con 11 víctimas; 2017, con una docena, es el año con más comunicadores asesinados, y en el caso de Quintana Roo, el periodo de Roberto Borge Angulo la impunidad vinculada a la corrupción alimentó la violencia.
“El año pasado fue el año más letal para la prensa: es el año que más hemos registrado asesinatos, y desapariciones tenemos 24 registradas desde 2003. Yo creo que ha cambiado el actor, digamos la fuente de agresión; era muy evidente con Roberto Borge quién era la principal fuente de agresión, o de dónde venían las agresiones.”
En charla con quien redacta, Maldonado Gutiérrez sostuvo que los depredadores de la libertad de prensa son numerosos en México, sobre todo contra periodistas que cubren asuntos relacionados con la corrupción política y el crimen organizado, que son blanco de intimidaciones y agresiones, cuando no asesinatos.
“Ahora se ha multiplicado en diferentes actores, sobre todo más en gobiernos municipales, actores digamos privados pero con vínculos con diversos actores públicos // se han diversificado las fuentes de riesgo en Quintana Roo // además, se sigue manteniendo la impunidad en las agresiones del pasado y ese es un mensaje muy negativo.”
El activista sostuvo que ese es un mensaje de que los ataques podrán seguir sucediendo en el futuro, y que no pasará nada para quienes cometen agresiones contra la prensa, y alertó que la violencia contra periodistas alcanzó niveles inéditos el año pasado, pues todos los registros que hay alrededor del país son alarmantes.
En 2018 se cometieron 544 agresiones contra periodistas, y del total 230 fueron vinculadas a funcionarios; 41 por ciento fueron estatales, 40 por municipales y 19 por ciento por federales. Por estados: Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca, son los más peligrosos, aunque el fenómeno no se observaba en Guanajuato y Campeche.
Empeora
Y citó el amparo 1359, que Artículo 19 presentó para regular la publicidad oficial, que se resolvió en noviembre de 2017 en la Suprema Corte de Justicia, y advirtió que cuando se aplique la nueva ley habrá medios que desaparecerán porque se van a establecer pautas que por lo menos van a tratar de establecer criterios más objetivos.
“Nosotros sí prevemos que va a ser un tema muy complicado, que puede llevar de cinco a 10 años para que haya una adaptación correcta por parte de los medios y del poder público. Va a haber muchos problemas, va a haber medios que van a desaparecer, pero es un riesgo que hay que tomar porque es insostenible una prensa subyugada al poder político.”
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó que con seis periodistas asesinados en sus primeros cuatro meses de gobierno, la situación de la prensa en México empeora con Andrés Manuel López Obrador, y la relación con los medios se ha deteriorado considerablemente, sobre todo con los críticos y que no comulgan con su pensamiento.
En un informe sobre México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en Cartagena de Indias, Colombia, el nuevo gobierno tomó medidas que afectan la publicidad oficial sin explicar plan o estrategia; se refiere a la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la Ley General de Comunicación Social, votada durante la Administración anterior y “que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos”.
Por Carlos Aguila /@aguila_carlin
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