El Gobierno del Presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que, ante la posición asumida públicamente el día de ayer por el ejercito de Liberación Nacional, decidió suspender los efectos jurídicos del decreto de cese al fuego bilateral con esta organización armada.
Así lo indicó el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración ofrecida este miércoles en la Casa de Nariño, junto con el Ministro de Defensa, Iván Velásquez; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los altos mandos de la Fuerza Pública.
El último día del 2022, el presidente de Colombia Gustavo Petro, anunció el inicio de un cese al fuego bilateral, desde el domingo primero de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, con cinco organizaciones armadas ilegales: el ELN, Segunda Marquetalia , Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.
El cese tendría como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley mencionada.
Sin embargo, ante las declaraciones del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ENL) que negó haber discutido y acordado un cese al fuego, el gobierno colombiano afirmó que se reactivará el diálogo sobre el cese bilateral con el ELN en el nuevo ciclo de negociaciones.
Prada invitó en nombre del Gobierno al ENL a declarar una tregua verificable en respuesta al llamado de las comunidades para que se disminuya la violencia en los territorios.
“El Gobierno Nacional no renunciará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total”, expresó Prada.
Así mismo, el Portavoz del Gobierno Nacional, confirmó que mediante decreto 2655, expedido el 31 de diciembre de 2022, nombró al Ministro de Defensa Iván Velásquez; al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al Director Nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova Guzmán, como miembros de la recién creada Instancia de Alto Nivel.
Esta Instancia, señaló el Portavoz, “es de creación legal; el Presidente Gustavo Petro lo que hizo fue integrarla y le adjudicó las funciones que legalmente tiene, que, básicamente, son las de avanzar en esa en esa caracterización y clasificación”.
De acuerdo con lo establecido en la norma, la Instancia de Alto Nivel se encargará de caracterizar y calificar los grupos armados organizados que operan en el país y el impacto de su accionar en el marco de la política de Paz Total, “para el logro de acercamientos y conversaciones, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.
El decreto las denomina “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y las define como “organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse Ias tipificadas en la Convención de Palermo”.
Estas organizaciones, añade la disposición, tienen que enmarcarse “en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.
La norma también expresa que “el Presidente de la República podrá solicitar a la Instancia de Alto Nivel el estudio, caracterización y calificación de los Grupos Armados Organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en el marco de la política de paz, para el logro de acercamientos y conversaciones con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.
En ese sentido, el Portavoz y Ministro del Interior enfatizó que el Gobierno esperará las determinaciones de la Instancia de Alto Nivel, en el caso de las organizaciones que se han comprometido con un cese bilateral y han dado muestras de avanzar en la definición de protocolos para el inicio de las conversaciones.
“Una vez tengamos la decisión final de la Instancia, tomaremos la decisión, también, por parte del Gobierno, de cuál va a ser la ruta en la que avanzaremos. Si se reconoce estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley”, concluyó el Ministro Prada.
Imagen de Juan Diego Cano en Presidencia.gov.co
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