La precariedad y la exclusión laboral afectan a todas las entidades federativas, con ligeros matices que indican que la situación es más grave en los estados del sureste que concentran los mayores porcentajes de pobreza, consideró la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza por lo que señaló que en materia laboral, en la República Mexicana, “el semáforo está en rojo”.
La asociación dio a conocer un ranking que ubica la situación de cada estado del país en relación con las personas que tienen trabajo formal con las mínimas condiciones decentes: es decir, con ingreso por arriba del costo de la canasta familiar y afiliación a la seguridad social.
Se trata de personas que trabajan en condiciones de precariedad, y quienes están, de plano, desempleadas y cansadas de buscar empleo y quienes se mantienen ocupadas en trabajos del hogar y de cuidados, 94 por ciento de las cuales son mujeres.
“El análisis revela que en México el trabajo no funciona como la puerta de salida de la pobreza, al contrario, el sistema laboral en su estructura actual se ha convertido en una fábrica de pobreza y desigualdad”, dijo el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo.
Una de las causas de la situación actual es el modelo de seguro social que México adoptó el siglo pasado al incluir la salud, las estancias infantiles y otras coberturas en las prestaciones laborales a cargo de cuotas obrero patronales.
“La salud es un derecho, corresponde al Estado garantizar su acceso. Eliminar incentivos a la informalidad implica eliminar ese nudo que encadena el derecho a la salud y al derecho al trabajo”, explicó Gómez Hermosillo.
Las propuestas que presenta Frente a la Pobreza para pasar al verde en el semáforo, incluyen: igualar el monto del salario mínimo al costo de una canasta familiar (dos canastas básicas).
Asimismo, activar los mecanismos de garantía de derechos laborales ya aprobados por la reforma laboral; un nuevo modelo de seguridad social no encadenado al régimen laboral, incluyendo el sistema nacional de cuidados, y la inclusión de políticas de fomento al trabajo digno en otras agendas de desarrollo: fomento a la economía verde, economía social y solidaria, por ejemplo.
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