Fuerzas del orden estadounidenses, procuradores y fiscales de los Estados Unidos así como 5 países caribeños, manifestaron su respaldo a la demanda en contra de empresas de armas estadounidenses presentada por México en los Estados Unidos.
Lo anterior en seguimiento al escrito de apelación en contra de la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts presentado por México el 14 de marzo, luego de que se determinó que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México.
De acuerdo al Gobierno de México, las prácticas negligentes e ilícitas por parte de las empresas productoras de armamento alimentan activamente el tráfico de las mismas, es así que en su apelación, México insistió que la ley de Estados Unidos que otorga inmunidades a quienes manufacturan y comercian armas no abarca los daños causados en territorio mexicano.
Como parte de la apelación, el día de ayer se presentaron numerosos escritos de “Amigos de la Corte” en favor de la demanda de México y manifestar a los juzgadores la relevancia del caso el impacto positivo que tendría para Estados Unidos, México y el mundo un comercio responsable de armas, así como pronunciarse sobre el derecho aplicable.
En total, fueron nueve escritos de Amigos de la Corte los que se presentaron.
Entre los firmantes destacan fuerzas del orden estadounidenses, entre los que se encuentran un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y jefes de policía de ese país, denunciando que la manera en que se fabrican y venden armas en Estados Unidos facilitan el tráfico de armas a México.
En el contenido se destaca ue dichas armas han causado una crisis de seguridad en ambos lados de la frontera, resaltando que el crimen organizado que emplea las armas estadounidenses ha causado la actual epidemia de fentanilo en ese país.
También se unen a las escritos procuradores de 17 estados de la Unión Americana quienes cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas (PLCAA, por sus siglas en inglés); así como 24 fiscales de distrito estadounidenses, incluyendo Arizona, quienes señalan que las armas traficadas facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, causando daños a sus comunidades.
Cinco países caribeños: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago; así como una coalición de organizaciones en favor del desarme, también expresaron la correlación entre la presencia de armas estadounidenses en América Latina y el Caribe, y el nivel de violencia, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos en la región.
Así mismo, especialistas en litigios transfronterizos y derecho internacional, se pronuncian en favor de que la ley PLCAA no resulte aplicable en el presente caso, a través de dos escritos.
Se sumaron a los escritos juristas mexicanos, quienes manifiestan que el acceso a la justicia es un principio de derecho internacionalmente reconocido, por lo que la Corte de Apelaciones debe permitir que proceda la demanda del Gobierno mexicano; así como activistas, víctimas de violencia armada y organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera, quienes buscan sensibilizar a los magistrados sobre la importancia de promover un comercio responsable de sus productos para evitar la muerte de personas inocentes, y se pronuncian por una interpretación del derecho en favor de la posición de México.
El respaldo recibido fue considerado por la Secretaría de Relaciones Exteriores como una muestra de la confianza en la solidez de los argumentos mexicanos, y como reflejo del creciente activismo en favor de un mayor control de armas y de un comercio responsable.
Los escritos estarán disponibles próximamente para su consulta en el repositorio de las demandas publicado por el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el vínculo https://portales.sre.gob.mx/acervo/repositorio-demanda.
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