En un anuncio reciente, el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Armando Paíno Henríquez, informó que se prevé la llegada de 3.5 millones de toneladas de sargazo al país en el año 2025. Esta cifra alarmante se discutió durante la Semanal con la Prensa y es parte de los desafíos ambientales abordados en la Conferencia de los Océanos, celebrada la semana pasada en Niza, Francia, donde participaron también el presidente Luis Abinader y el vicepresidente para el Cambio Climático, Max Puig.
Henríquez destacó que la proliferación del sargazo, un fenómeno relativamente nuevo en la última década en el Caribe, aún no cuenta con soluciones efectivas. “Todavía no hemos logrado identificar al cien por ciento cómo poder combatir este mal”, afirmó el funcionario, al tiempo que subrayó que en 2022 República Dominicana recibió más de 1.8 millones de toneladas de esta alga invasora. A nivel regional, se estima que el Caribe enfrentará la llegada de 35 millones de toneladas de sargazo en el transcurso del presente año, lo que representa un incremento considerable respecto a años anteriores.
En un esfuerzo por abordar esta crisis, el vicepresidente Max Puig mencionó un proyecto de resolución que República Dominicana ha presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este reconocimiento formal podría facilitar el acceso a financiamiento necesario para investigar los orígenes del sargazo y establecer políticas efectivas para su manejo. “La declaración permitiría la creación de un espacio de diálogo ya formal y, eventualmente —y esperamos que sí—, un flujo de financiamiento”, indicó Puig.
Además, el funcionario destacó el acuerdo de colaboración regional con Francia, Costa Rica y México, orientado a priorizar acciones conjuntas contra el sargazo. Durante la cumbre, se ratificó también un acuerdo para la protección de los océanos, cuya regulación es considerada fundamental para salvaguardar la biodiversidad marina.
Henríquez concluyó enfatizando que “el 80 % de los océanos amerita ser regulado y normado por la comunidad internacional”, instando a que cualquier actividad relacionada con la explotación de recursos marinos debe basarse en la ciencia para prevenir daños irreversibles a la biodiversidad.