El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó esta semana el informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 en el que resume sus actividades en el país y realiza recomendaciones.
El informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones, en las que se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva.
También enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; y remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
Así mismo, hace un llamamiento para que el Estado Mexicano facilite el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial, y reconocer el papel de las víctimas.
De igual modo, el comité reconoció avances normativos, institucionales y jurisprudenciales en México, como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; de la Ley General de Víctimas; la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; y la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También destacó la creación de comisiones locales de búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas; la adopción del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, y la posibilidad de incorporar a quienes participan en las búsquedas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Además de sostener reuniones con autoridades estatales de alto nivel se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
Mediante un comunicado el gobierno de México agradeció el trabajo del comité y afimó que las recibe con el compromiso de implementarlas de buena fe indicando que será la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED.
(Imagen de Willi Heidelbach/Pixabay)
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