La crisis de la minería ante la sombra de la inseguridad

México, un país con una rica herencia minera, enfrenta una encrucijada histórica donde el brillo de su vasta riqueza mineral se ve eclipsado por la creciente sombra de la inseguridad. En los estados de Zacatecas, Durango y Michoacán, las minas no cesan sus operaciones por falta de recursos o por la baja en los precios internacionales; más bien, se ven obligadas a detenerse ante el abrumador riesgo que implica extraer una tonelada de mineral, que, lamentablemente, podría costarle la vida a un trabajador mexicano.

La desaparición de trabajadores mineros y la constante amenaza del crimen organizado han transformado los centros de producción en lo que algunos describen como zonas de guerra silenciosa. Los paros laborales que actualmente se observan no son meras disputas contractuales; son un grito desesperado de auxilio de una industria que representa el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que, en este momento, se siente abandonada a su suerte en las remotas serranías del país.

El costo de la omisión

Es imperativo que el Gobierno Federal comprenda que garantizar la seguridad en las zonas mineras no es un favor que se le concede al capital privado, sino una obligación soberana. Cuando una mina cierra por motivos de violencia, las consecuencias son devastadoras. La economía regional muere, miles de empleos que son el único sustento de comunidades enteras se extinguen, y la inversión extranjera huye. Los capitales globales, desprovistos de emociones, priorizan sus hojas de cálculo, y hoy México corre el riesgo de ser percibido como una zona de alto riesgo que podría afectar otras industrias.

En este contexto, cada socavón que la minería formal abandona se convierte en un espacio que el crimen organizado ocupa para la extracción ilícita, lo cual no solo perpetúa la violencia, sino que también financia su capacidad de acción contra el propio Estado. Las soluciones deben ser inmediatas y efectivas: no bastan las mesas de diálogo.

Un llamado a la acción inmediata

El sector privado ha articulado sus peticiones en cuatro ejes fundamentales:

1. Despliegue de Unidades Especializadas de la Guardia Nacional

• No se pide únicamente una patrulla en carreteras, sino la creación de una División de Protección Minera.
• Se requiere establecer corredores seguros para el transporte de concentrados minerales y, crucialmente, para el traslado de personal en los cambios de turno.
• Es esencial la instalación de bases de operaciones mixtas cerca de los yacimientos más aislados para reducir los tiempos de respuesta ante eventuales ataques.

1. Digitalización y Vigilancia remota compartida

• Las empresas sugieren una alianza tecnológica para que sus Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) privados se integren con los sistemas de seguridad del Estado.
• La vigilancia satelital mediante drones de largo alcance y sensores de movimiento resultaría crucial para detectar convoyes sospechosos antes de que lleguen a las instalaciones.

1. Reforma al marco legal de “cobro de piso” y extorsión

• Es necesaria la clasificación de la extorsión a empresas estratégicas como un delito contra la seguridad nacional.
• Se debe considerar la creación de fiscalías especializadas que investiguen el secuestro de mineros sin que las familias tengan que desplazarse a las capitales, evitando represalias.

1. Garantías para la Inversión en Seguridad

• Las empresas están solicitando incentivos fiscales que compensen el gasto extraordinario en protección.
• La deducibilidad al 100% de gastos relacionados con blindaje de vehículos, contratación de seguridad privada certificada y sistemas de rastreo es fundamental.

Proyecciones alarmantes para 2026

Si estas medidas no se implementan, el panorama para el cierre de 2026 es alarmante. Se proyecta un éxodo de capitales que podría alcanzar hasta 1,200 millones de dólares hacia jurisdicciones más seguras como Chile o Canadá. Esto implicaría la pérdida de hasta 50,000 empleos directos en municipios donde la minería es el único empleador formal, lo que resultaría en un colapso económico regional y, a largo plazo, en la pérdida de soberanía sobre las zonas mineras.

A principios de febrero de 2026, se lanzó una alerta máxima en la industria minera. Empresas como Vizsla Silver han tenido que migrar sus operaciones a lugares remotos o incluso suspender actividades tras incidentes de secuestros masivos. Si el gobierno no asume la responsabilidad de garantizar corredores seguros, el potencial de México como proveedor clave de minerales críticos para energías limpias podría evaporarse, dejando solo socavones vacíos y economías locales fracturadas.

La industria minera ha sido un pilar de la economía mexicana durante siglos, generando más de 400,000 empleos directos y más de 2.5 millones de empleos indirectos. Sin embargo, hoy se enfrenta a una crisis humanitaria y de seguridad que desafía su existencia misma. La situación actual es crítica: sin seguridad, no hay soberanía minera.

Fotografia: Gobierno de México