Para el mes de noviembre se espera esté en funcionamiento el Módulo de Juicios Orales que se ubicará dentro del Centro de Retención y Sanciones Administrativas, en la Supermanzana 247 de la Ciudad de Cancún.
El Módulo constará de una oficina y baño para el juez, así como una sala de audiencias y un andador, siendo una obra integral de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2023).
Cuando entre en operación, se espera fortalecer las políticas públicas del gobierno municipal, garantizando espacios dignos para la aplicación de la justicia, contando con el estricto apego a los derechos humanos, la legalidad y la transparencia para promover la cultura de la paz en Cancún.
Actualmente la Dirección de Juzgados Cívicos, cuenta con dos juzgados conciliadores que resuelven controversias sometidas a su conocimiento por los vecinos o por las autoridades municipales, invitando a los involucrados al diálogo y proponiendo una solución, a efecto de conciliar mediante un convenio.
La primera piedra de la construcción se colocó esta semana en una ceremonia encabezada por la Presidenta Municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña.
“Es sumamente importante, porque vamos a pasar al nuevo modelo de justicia cívica, donde cada una de las audiencias de los ciudadanos que tengan alguna falta administrativa van a ser atendidas de manera inmediata por medio de un juez calificador, y no será como actualmente está por medio de una barandilla, donde puede llegarse a generar situaciones que vamos a empezar a evitar, que sean directamente en esta sala de juicios orales para que se lleguemos al nuevo modelo”, dijo la alcaldesa.
Al evento asistieron el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, José Pablo Mathey Cruz; el secretario municipal de Obras y Servicios, Salvador Diego Alarcón; el secretario general, Pablo Gutierrez Fernández; el síndico municipal, Miguel Ángel Zenteno Cortés; el titular de la Dirección de Juzgados Cívicos, Luis Eduardo Pacho Gallegos y el director del Centro de Retención y Sanciones Administrativas, Miguel Arturo Moisés.
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