Aproximadamente 20 vehículos ingresaron la madrugada de este sábado, protegidos por el despliegue de elementos de la Marina, policía municipal y tránsito.
Luego de varias semanas de tensión, finalmente ingresaron los trascavos y los camiones con material del relleno al Malecón Tajamar entre la 1:30 y las 3 de la madrugada de este sábado.
El único recurso legal que impedía el desmonte de vegetación en las 58 hectáreas que comprenden el complejo desarrollado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) estaba suspendido desde diciembre del año pasado luego de que no se pagaron los 21 millones de pesos que impuso un juez a 113 niños que alegaban su derecho a un medio ambiente sano.
Aproximadamente 20 vehículos ingresaron la madrugada de este sábado, protegidos por el despliegue de elementos de la Marina, policía municipal y tránsito, quienes se apostaron desde anoche en el perímetro del complejo para evitar el paso a una zona que durante años fue de libre acceso público en el centro de la ciudad.
El movimiento ciudadano de resistencia, así como organizaciones de derechos humanos lograron instalarse entre las vallas instaladas anoche para impedir que se cierre por completo el libre acceso al malecón, alegando que se trata de un espacio público y que la devastación de vegetación no está autorizada legalmente.
Malecón Tajamar es un desarrollo del inmobiliario en la zona centro de Cancún con vista a la laguna Nichupté. El proyecto de 58 hectáreas fue urbanizado entre 2005 y 2008 con recursos federales a través de Fonatur para después ser lotificado y vendido a distintos desarrolladores inmobiliarios.
A finales de julio de 2015 la empresa italiana Bi&Di intentó iniciar el desmonte de manglar y demás vegetación en los predios de su propiedad al interior del malecón, pero luego de una semana de protestas ciudadanas fueron clausuradas las obras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras darse a conocer que la empresa no había realizado los procedimientos de ley que la obligaban a reubicar las especies animales del lugar, así como reforestar las especies vegetales protegidas en la misma proporción en que iban a ser taladas.
Desde entonces inició un proceso legal que a la postre derivó en el otorgamiento de la suspensión definitiva de las obras a un grupo de 113 niños asesorados por la asociación ciudadana Salvemos Manglar Tajamar, quienes lograron que el juez cuarto de distrito con sede en Cancún les otorgara la suspensión definitiva de las obras al reconocerles su derecho a un medio ambiente sano, al mismo tiempo que admitía que las edificaciones en el malecón implicaban la afectación irreversible de un hábitat natural con flora y fauna protegidas por las leyes ambientales mexicanas.
En el mismo fallo, el juez también impuso una fianza de 21 millones de pesos a los demandantes, argumentando que se necesitaba una garantía económica para los terceros afectados en el caso, es decir, para los 22 compradores que habían adquirido terrenos en el malecón con la intención de construir desde oficinas y centros comerciales, hasta una catedral de la iglesia católica, así como una amplia zona residencial.
Al no pagarse la fianza, el juez cuarto MIguel Nahim NIcolás Jiménez, anuló los efectos de las suspensión definitiva de las obras, dejando abierta la posibilidad a que regresaran las máquinas desde finales de diciembre pasado aún y cuando se interpuso un recurso de queja por parte de los abogados de los menores que está pendiente de resolverse en el transcurso de este mes.(Agencias)
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