En representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, entregó al Congreso del Estado dos iniciativas de reforma orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias quintanarroenses, facilitando el acceso a una vivienda digna y fortaleciendo el derecho humano al agua potable.
Estos proyectos legislativos buscan simplificar trámites y otorgar certeza jurídica para que más personas puedan acceder a un hogar adecuado, mientras se garantiza que el agua potable deje de ser una carga económica para las familias. Las propuestas, resultado de consultas ciudadanas y alineadas con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, responden a las necesidades reales de la población.
En materia de agua potable, la iniciativa plantea un modelo tarifario más transparente y equitativo, sustituyendo el esquema de cobro basado en salarios mínimos por las Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que reduce significativamente los costos para los usuarios. Además, se disminuyen las tarifas de reconexión y se agilizan trámites como el cambio de titularidad de contratos, medidas que facilitan el acceso al servicio sin cargas económicas excesivas. También contempla descuentos especiales para viviendas de interés social, promoviendo la equidad y el acceso universal al agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Respecto al desarrollo urbano y asentamientos humanos, la iniciativa promueve procesos más ágiles y menos costosos para la urbanización y lotificación de viviendas, eliminando requisitos burocráticos innecesarios en proyectos menores. Se establecen mecanismos claros para garantizar la participación ciudadana y la notificación oportuna, además de homologar criterios con la legislación federal para brindar mayor certeza jurídica. Estas disposiciones permiten reducir tiempos y costos para desarrolladores inmobiliarios, favoreciendo la construcción de viviendas accesibles y sostenibles.
Con estas reformas, el Gobierno de Quintana Roo avanza hacia un modelo inclusivo y justo, donde el acceso a una vivienda digna y al agua potable se consolida como un derecho efectivo para todas y todos los quintanarroenses, impulsando el bienestar social y el desarrollo ordenado del estado.
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