El Congreso del Estado aprobó la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, que creará un nuevo esquema de gestión integral para reducir, reusar y reciclar los residuos, además de regenerar los recursos naturales y el medio ambiente.
Con esta ley se prohíbe en Quintana Roo el uso de materiales y utensilios de plástico, como popotes, platos, vasos, tasas, copas, charolas y cubiertos, entre otros, así como derivados del poliestireno extendido (productos de unicel).
Además, también se deberán dejar de utilizar bolsas de plástico desechables para traslado de mercancías que se emplean en tiendas y supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, farmacias, restaurantes y similares.
Quedarán exentos de esta prohibición los equipos y materiales usados para la industria de la construcción, empaques de mercancías y los productos utilizados para fines médicos.
La ley, que fue resultado de diversas iniciativas de ley y propuestas recogidas en mesas de trabajo que se llevaron a cabo en diversas ciudades de la entidad, también tiene como propósito promover, inducir y en su caso asegurar la selección y separación de los residuos y sus subproductos.
Al cerrar los trabajos del último día de sesiones del segundo periodo ordinario, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, el Pleno Legislativo aprobó esta ley, que también precisa que la sustitución de los productos plásticos prohibidos se deberá realizar, en las zonas de exclusión (islas, ínsulas, cayos y zonas vulnerables) en seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la citada reforma (es decir, después de 30 días de publicada en el Periódico Oficial). Para el resto del estado se contará con 12 meses para su aplicación.
Además, los integrantes de la XV Legislatura aprobaron el dictamen con minuta de decreto respecto a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
El dictamen señala que se realizaron más de 200 auditorías a los 101 entes fiscalizables, cuyos resultados se encuentran plasmados en 122 informes individuales, 1 informe general ejecutivo y 2 informes (reportes) semestrales del estado que guarda la solventación de observaciones.
Se fiscalizaron ingresos por una muestra global de 11 mil 351 millones 903 mil 22 pesos, lo que representa el 71 por ciento del total de la población objetivo.
Como resultado del resumen de observaciones de los informes semestrales con corte al 30 de abril de 2019, se observa que de las 327 recomendaciones en materia financiera emitidas por la Auditoría Superior del Estado, 104 no han sido atendidas y 213 están en proceso; de 43 recomendaciones en materia de inversiones físicas, todas están en proceso y de un total de 151 recomendaciones en materia de desempeño, 20 fueron atendidas por los entes fiscalizables, hay 48 no atendidas y 83 en proceso de solventar.
En la misma sesión, se aprobó por unanimidad la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.
De la misma forma, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo para que, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad, se reclasifique la tarifa eléctrica para el Estado de Quintana Roo en la 1F, debido a que se cumplen las condiciones climáticas que hay en estados como Tabasco, donde las tarifas eléctricas aplicables son más económicas.
Por INFOQROO
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