En un comunicado emitido hoy, el Gran Consejo Maya de Quintana Roo (GCM), que representa a las comunidades indígenas de la región, expresó su postura oficial frente al proyecto de sentencia que será analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este proyecto se relaciona con el uso de elementos del patrimonio cultural maya en el sector privado, tema que ha generado un intenso debate.
El GCM informó que, a pesar de haber iniciado el procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), el conflicto ha sido resuelto gracias a un Contrato de Transición histórico establecido con Grupo Xcaret. Este acuerdo se fundamenta en los principios de autonomía y libre determinación de los pueblos originarios, y tiene como objetivo crear mecanismos de colaboración, respeto y protección del patrimonio cultural maya.
En su comunicado, el Gran Consejo Maya destacó varios puntos clave en relación a este acuerdo:
1. Desistimiento Formal: El GCM anunció que, tras alcanzar un diálogo constructivo, se desistió formalmente del procedimiento contra Grupo Xcaret desde el 18 de agosto de 2023. Esta decisión fue reconocida y aceptada por la autoridad administrativa correspondiente, lo que marca un avance significativo en la relación entre el Consejo y la empresa.
2.Reconocimiento a Grupo Xcaret: El Consejo resaltó que Grupo Xcaret ha demostrado ser una entidad comprometida con la promoción de los valores culturales de las comunidades mayas, mostrando respeto hacia sus tradiciones y fomentando su preservación.
3. Legitimidad y Representatividad: El GCM subrayó que su carácter representativo está respaldado por la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Durante todo el proceso, se realizaron convocatorias públicas que aseguraron una participación adecuada de las comunidades, validando así la legitimidad de la ruta tomada por el Consejo.
El GCM enfatizó la importancia de que la protección del patrimonio cultural indígena sea tratada con responsabilidad y respeto a las formas organizativas de las comunidades. Asimismo, expresaron su confianza en que los ministros de la SCJN consideren estos antecedentes, especialmente el desistimiento y el acuerdo de colaboración, al emitir su fallo
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