El choque entre el Supremo y la Fiscalía amenaza al régimen de Maduro

El reciente informe de Amnistía Internacional sobre la administración de justicia en Venezuela, titulado Silencio a la fuerza, señala una tendencia, pero los procesos penales a los detenidos en las recientes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro despejan las dudas de muchos abogados. Cuando, por petición del Ministerio Público, los tribunales de primera instancia deciden que los manifestantes antigubernamentales y opositores políticos sean juzgados en libertad, las instancias superiores impiden que se ejecute la medida y los mantienen presos.

La abogada Tamara Bechar, de la red de asistencia jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, defiende a dos estudiantes de ese centro de estudios apresados durante las manifestaciones antigubernamentales del último mes. Se llaman Luis Acuña y Jesús Urbáez, no pasan de los 20 años y estudian el primer semestre de Economía y Comunicación Social, respectivamente. Por órdenes del tribunal 42 de primera instancia en funciones de control los estudiantes deberían estar libres y presentarse cada 30 días en el juzgado, pero continúan presos. “La máxima autoridad del circuito judicial penal de Caracas, Jimai Montiel, sigue instrucciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, e impide que los alguaciles entreguen las boletas con las decisiones en los sitios de reclusión. Los jóvenes siguen presos por una decisión política”, explica Behar.

El Ministerio Público imputó dos delitos a Acuña y Urbáez: apología del delito y obstaculización de vías públicas. El jueves 10 de abril decidieron resguardarse en la Torre Británica de la urbanización Altamira, uno de los bastiones de la oposición. En los alrededores, el régimen reprimía a los manifestantes con bombas lacrimógenas e iniciaba redadas en los edificios vecinos para capturar a quienes intentaban cortar las vías y arrojaban piedras. La Guardia Nacional Bolivariana entró a la torre, un viejo edificio que alguna vez fue el símbolo de la pujante Venezuela de finales de siglo XX, buscando a quien llevarse preso, según los testigos. Acuña, Urbáez y otras cinco personas fueron atrapadas.

Dos días después los jóvenes fueron presentados en los tribunales. La defensa solicitó la libertad plena porque, según Behar, el expediente no individualizaba los supuestos delitos que habrían cometido sus defendidos. Las actas señalaban generalidades y la responsabilidad penal nunca es colectiva. Con todo, la Fiscalía tuvo otro criterio: decidió imputar a los estudiantes y solicitar al tribunal que los dejara libres con la condición de que se presentaran cada 30 días. El juzgado decidió aceptar la petición, pero exigió que presentaran fiadores.

Ahí empezó otro proceso kakfiano. El Poder Judicial debía verificar si los candidatos tenían músculo económico para pagar la fianza. Transcurrieron dos semanas. Una vez que lo constataron, a finales de abril, el juzgado ordenó la libertad condicional y expidió una boleta de excarcelación. Como el coronel de García Márquez, Acuña, Urbáez y sus familiares esperan con ansias por una comunicación que nunca llega.

Maikel Moreno, presidente del Supremo, es, según Behar, el último responsable de que sus defendidos sigan presos. Estrecho aliado del presidente Nicolás Maduro, Moreno, condenado por asesinato y destituido en 2007 por desacatar una orden de la Sala Constitucional, jamás habría cumplido con los criterios de la Constitución de Venezuela, que establece en el artículo 263 que los aspirantes a togados “deben ser ciudadanos de reconocida honorabilidad”, para ocupar el cargo que hoy luce. A pesar de esos antecedentes, el abogado fue incluido en el Comité de Postulaciones Judiciales y seleccionado después como magistrado en un proceso que la oposición considera viciado.

Con el voto de Moreno, la Sala Constitucional desconoció en dos sentencias las competencias legislativas del Parlamento. Días después el líder del Poder Judicial, a instancias del Consejo de Defensa de la Nación, que asesora a Maduro, aclaró el alcance de las sentencias y devolvió parcialmente sus facultades a la Asamblea Nacional. El escándalo internacional aturdía al régimen bolivariano. Las diferencias surgidas en el seno del Gobierno determinaron el retroceso del Supremo, que dejó en evidencia que todas sus decisiones respaldan los intereses del Gabinete.

La historia del preso político Yon Goicochea, de la formación Voluntad Popular, es casi un calco del limbo en el que permanecen los estudiantes. En el último informe de Amnistía Internacional se reseña que el dirigente, detenido en septiembre de 2016 en vísperas de una manifestación opositora, debería estar en libertad condicional desde finales de octubre, después de que el Ministerio Público constatara que no había cometido delitos y la defensa cumpliera con el trámite de elegir a dos fiadores. No ha sido posible porque sus carceleros del Sebín, la policía política venezolana, o no reciben la orden judicial, emitida por el juzgado 21 en funciones de control, o no la acatan por órdenes superiores.

Como Leopoldo López, el líder de su formación, Goicochea permanece incomunicado por largos períodos. Sus familiares también han denunciado que el tribunal de la causa no atiende al público desde diciembre. El retardo judicial siempre fue el lugar común de la justicia venezolana. Pero ahora, con la agudización del conflicto político y la profundización de la crisis, cada vez son más frecuentes los casos de presos que no son presentados ante tribunales en los plazos que exige la ley o no son liberados cuando corresponde. Es un mensaje. La justicia también escarmienta a los adversarios de la revolución chavista.(Al País)