Con la intención de escuchar a las distintas voces que tienen que ver con esta discusión pública y propiciar una reflexión profunda sobre uno de los pendientes más importantes para México, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural organizó esta semana el foro “Desmilitarización de la Seguridad Pública” .
Icaza Longoria expresó que la seguridad pública debe tener “una visión de Estado”, que obedezca a una reflexión amplia para resolver uno de los grandes problemas de nuestro país con una perspectiva de largo plazo, y no se centre únicamente en la discusión de si la Guardia Nacional debe o no formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por su parte, la senadora Adriana Guadalupe Jurado Valadez afirmó que el tema de la seguridad es un tema que nos debe ocupar a las y los senadores, porque las cosas seguirán igual si no se aprueban reformas.
“El momento de inseguridad en nuestro país es peligrosísimo, no solamente están estos atrasos en materia legislativa, sino que hoy los derechos humanos están estorbando en este país y esa consideración es muy peligrosa”, consideró.
En su intervención, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, rechazó que la vía militar sea la que represente al país, pese a que existe una confianza superior en las instituciones militares.
“No es cierto que represente al país la vía militar, es falso; sí existe una confianza superior en las instituciones militares, pero eso no significa que la sociedad mexicana haya decidido que las instituciones militares deben hacer todo lo que hoy hacen en materia de seguridad pública, eso nunca sucedió, no es una decisión de Estado, es un tema cívico-militar, no es un tema militar”, subrayó.
Por su parte, Cristina Reyes Ortiz, de México Unidos Contra la Delincuencia, recordó que el tema de la militarización en la seguridad pública no es nuevo, pero las decisiones en la materia las deben tomar los civiles.
En su participación, José Antonio Guevara Bermúdez, integrante del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, llamó al Senado de la República a promover una política de depuración de las fuerzas de seguridad y justicia, de quienes hayan cometido abusos de derechos humanos con miras a que no ocupen puestos públicos.
“No puede haber una democracia militarizada ni tampoco proceso de desmilitarización de la vida pública si soldados y marinos que han cometido violaciones a los derechos humanos sigan disfrutando de la impunidad que todos los partidos políticos les han asegurado. La policía civil federal que lograremos, no podrá estar alimentada con personas con historial violatorio de derechos humanos”, advirtió.
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