Cuando el juicio público reemplaza al proceso judicial

Por Marco MARÍN López Lira
En una democracia, la libertad de expresión no solo protege el derecho a hablar; también nos hace responsables de nuestras palabras.

En ocasiones, parece que la culpabilidad o la inocencia de una persona comienza a definirse más por el peso de quienes hablan que por el peso de las pruebas. La discusión deja de centrarse en lo que un juez habrá de resolver y comienza a depender de quién tiene el micrófono más poderoso, la conferencia con mayor audiencia o la tribuna con mayor influencia.

Los acontecimientos recientes relacionados con el exgobernador Ernesto Ruffo Appel ilustran este fenómeno. Mientras la investigación sigue su curso, el debate político parece haber emitido ya sus propias sentencias. Desde un lado se denuncia una presunta persecución política; desde el otro se formulan acusaciones categóricas sobre su responsabilidad. Ambas narrativas buscan influir en la opinión pública antes de que el proceso judicial llegue a su conclusión.

La acusación política. La investigación de la Fiscalía. Lo que finalmente determine un juez. No necesariamente son lo mismo. Sin embargo, en la velocidad de la discusión pública, esas diferencias parecen desdibujarse hasta el punto de confundir una acusación con una condena, una investigación con una sentencia y una percepción con una verdad jurídica.

Si Ernesto Ruffo cometió delitos, debe responder ante la justicia; nadie está por encima de la ley. Sin embargo, bajo esa misma premisa, el Estado tampoco puede colocarse por encima de las garantías que la propia Constitución reconoce a toda persona. Un gobierno democrático tiene la obligación de combatir la corrupción, pero también el deber absoluto de respetar el debido proceso.

La libertad de expresión garantiza el derecho de la ciudadanía a debatir, cuestionar e incluso criticar. Esa es una condición natural de cualquier democracia. El problema comienza cuando ese debate deja de esperar el resultado de los tribunales y actúa como si la sentencia ya hubiera sido dictada.

El compromiso de un gobierno democrático no consiste en demostrar que un adversario es culpable. Consiste en demostrar que la democracia puede funcionar por encima de colores, partidos y personajes. Porque el Estado de derecho no pertenece a un gobierno; pertenece a todos los ciudadanos. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Precisamente por eso, también debe tener el monopolio de la prudencia.

Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Pero quienes ejercen el poder tienen un deber aún mayor: hablar con responsabilidad, prudencia y respeto por los derechos de los demás. La presunción de inocencia no protege a los culpables; protege a cualquier ciudadano frente al enorme poder del Estado. Porque mientras mayor es el poder de quien habla, mayor debe ser su responsabilidad al hacerlo.