El Consejo de Ministros de Cuba aprobó un plan con directivas dirigidas a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales que fue presentado esta semana en una reunión que enlazó por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución a las quince provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
El miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, fue el encargado de presentar el plan integral que contiene más de 40 directivas generales encaminadas a un mayor enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
Según explicó Marrero Cruz abarcan, entre otros aspectos, un sistema de control para los nuevos actores económicos; el diseño del estudio de las personas con conductas o comportamientos marginales y la caracterización de la población apta para trabajar que se encuentre desvinculada del estudio y el trabajo; así como la implementación, a partir del próximo curso escolar, de las opciones para la inserción diferenciada en los niveles de enseñanza de adolescentes y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social.
El documento que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, va dirigido también al fortalecimiento de las acciones de control para reducir el robo de todo tipo.
Entre sus puntos, está la rendición de cuenta ante los colectivos laborales de los cuadros, dirigentes, funcionarios y empleados, sobre el uso de los recursos, aseguró Marrero Cruz.
También habla de jerarquizar y sistematizar desde el municipio el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y servicios, y a los precios irracionales y abusivos.
“Se trata de enfrentar con todo rigor las violaciones de los precios”, puntualizó Marrero Cruz.
Este Plan incluye temas fundamentales como la atención a quejas, solicitudes y planteamientos de la población; el fortalecimiento de los cuerpos de inspectores; el incremento de la efectividad en la imposición de multas y también en la gestión de cobro; el enfrentamiento resuelto a las ilegalidades en la contratación de la fuerza de trabajo y la licitud de los productos puestos a la venta; así como el control con más rigor del funcionamiento de zonas, áreas o espacios públicos de comercialización, para lograr que todo el que venda cumpla con lo establecido.
El ministro precisó que las medidas tendrán un sistema de control permanente y se verificarán, por ejemplo, en las visitas gubernamentales a las provincias, se rendirá cuenta a todos los niveles sobre su cumplimiento.
Cada territorio, municipio, provincia, Organismo de la Administración Central del Estado y empresa, tiene que hacer su plan de enfrentamiento con medidas concretas en función de su actividad, indicó.
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