Se oponen ambientalistas a construcción de la Etapa 2 del Gasoducto Sureste del golfo de México

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para NO autorizar la obra denominada Gasoducto Extensión Sureste “Etapa II”, que se desarrolla en el Golfo de México, por representar una amenaza contra el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASOGM), y un riesgo de daño socioambiental para los ecosistemas y la biodiversidad que se extienden a lo largo de la costa veracruzana.

En un comunidado difundido esta semana, las organizaciones que incluyen al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), Gente Sustentable A.C., y Conexiones Climáticas entre otras, consideran que la conservación y protección del CASOGM es indispensable para el bienestar de las personas y comunidades costeras y de pescadores. “Los proyectos de vida de estas personas y comunidades dependen de este enorme ecosistema, por lo que resulta esencial protegerlo de megaobras de infraestructura y desarrollo que lo amenazan”, afirman.

Señalan además, que la obra representa un solo megaproyecto con el proyecto Gasoducto Extensión Sureste “Etapa I” que fue fragmentado para su evaluación en materia de impacto ambiental.

“Lo anterior resulta contrario a lo ordenado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta mala práctica de las autoridades y personas promoventes violenta el derecho al medio ambiente sano toda vez que esconde los verdaderos riesgos e impactos ambientales. Los artículos 28, 30, 34 y 35 de la LGEEPA, establecen que es “la obra o actividad” de que se trate y nos sus partes, sus tramos o sus segmentos lo que debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental”, afirman las asociaciones.

El comunicado selala que en agosto del 2022, organizaciones de la sociedad civil habían solicitado públicamente a la ASEA desechar los proyectos Gasoducto Extensión Sureste “Etapa I” y Gasoducto Extensión Sureste Etapa II”, en el Golfo de México, sometidos de forma separada al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)[1] por parte de la Secretaría de Energía así como solicitar al promovente, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V, presentar una sola Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de tal forma que se evalúen todas las partes del proyecto y su impacto acumulativo.

Así mismo, solicitaron garantizar una consulta pública bajo los estándares del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe mejor conocido como el Acuerdo de Escazú.

En febrero del 2022, la Primera Sala de la SCJN emitió una sentencia relacionada con el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz en la cual se establece que los proyectos sometidos al PEI deben ser evaluados de forma integral, no fragmentada y utilizando la mejor ciencia disponible.

”A pesar de ello, la ASEA aprobó el proyecto del Gasoducto “Etapa I” recurriendo a prácticas prohibidas recientemente por la SCJN, como son la fragmentación del proyecto y el no uso de la mejor ciencia posible. Tampoco se garantizó de forma adecuada el derecho de participación de las comunidades que se verán afectadas por el proyecto. Esta situación en su conjunto es violatoria de derechos humanos fundamentales como son el derecho a la información, a la participación en toma de decisiones y el derecho a gozar de un medio ambiente sano”, afirman.

En su texto, también hacen un llamado al Congreso de la Unión para que se incorporen los estándares establecidos en la sentencia de la Suprema Corte y el Acuerdo de Escazú en la LGEEPA, pues el modelo actual del PEIA está agotado.

Otras organizaciones firmantes se encuentran Acción Ecológica Santo Tomás, Senderos y Encuentros para Desarrollos Autónomos Sustentables, A.C. (Sendas), Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) e INANA A.C.

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