El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, presentó su primer informe de actividades en sesión solemne celebrada en la capital del estado, en el que dio cuenta de las acciones y avances institucionales alcanzados durante el periodo 2025-2026.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el acto republicano en compañía del diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y de Rafael Manuel Ponce Pacheco, presidente del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial. Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo estatal recibió formalmente el documento que compila los resultados en materia de procuración e impartición de justicia en la entidad.
Durante la exposición de los logros del ejercicio, se destacaron los siguientes avances en la modernización institucional:
Justicia digital: Se consolidaron las plataformas tecnológicas para la tramitación de expedientes electrónicos y audiencias virtuales, lo que redujo sustancialmente los tiempos de respuesta en los juzgados familiares y civiles.
Infraestructura e inclusión: Se realizaron obras de mantenimiento y equipamiento en las sedes judiciales de las regiones norte, centro y sur del estado, además de reforzarse los protocolos de equidad de género, protección infantil y asistencia de traductores para comunidades indígenas.
Reducción del rezago procesal: Se registró un incremento notable en la emisión de sentencias y en la solución pacífica de conflictos mediante los Centros de Justicia Alternativa, revirtiendo la saturación operativa de años anteriores.
Gestión presupuestal: La administración judicial implementó criterios de disciplina financiera y optimización de recursos, fortaleciendo la transparencia en el ejercicio del gasto en comparación con gestiones pasadas.
Al cierre de la jornada, las autoridades de los tres Poderes del Estado reiteraron su compromiso de mantener una labor coordinada en favor del bienestar social, la certeza jurídica para la inversión y el acceso equitativo a la justicia en los 11 municipios de Quintana Roo.
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