El estado de Quintana Roo se ubica entre los cinco estados más opacos, corruptos e impune, de acuerdo con tres organismos de la sociedad civil, uno internacional, por lo que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción lanzó la convocatoria para contestar la consulta para poder atacar el fenómeno con mayor eficacia, indicó Marcos González Martínez, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Recordó que la problemática es abordada y visibilizada por numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, que pugnaron durante años por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como Impunidad Cero, Transparencia Mexicana y World Justice Project (WJP), organizaciones independientes, internacionales y multidisciplinarias cuyos estudios coinciden en la ubicación del Caribe mexicano.
Con base en el Coeficiente TAI Transparencia, cuyos estudios fueron elaborados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE]; Anticorrupción, hechos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], e Impunidad Cero, que hizo la Universidad de las Américas Puebla [UDLAP]), los tres coincidieron en que los tres estados peor evaluados son Quintana Roo, Ciudad de México y Morelos.
El dirigente del CPC señaló que el Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo lanzó la convocatoria para que toda la sociedad sea parte de la consulta estatal para construir la política estatal, la que puede ser llenada en la liga https://forms.gle/d4yowmCFvudp4vTf9 hasta el 1 de agosto.
“El instrumento será uno de los insumos más importantes para crear las acciones concretas con las que se atenderá la corrupción desde las áreas de prevención, atención y sanción. La consulta también permitirá entender más allá de lo anecdótico, la forma en la que se vive el fenómeno para así poder atacarlo con mayor efectividad.”
Comentó que uno de los grandes objetivos, si no es que el más importante que se buscó en la estructura e implementación de los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, es fomentar la participación ciudadana real, efectiva, coordinada y plural, para que sea un contrapeso contra las decisiones públicas de políticos y gobernantes, y que funcione como vigilante cercano de los procesos públicos que tiene en sus entrañas el ejercicio del dinero público.
González Martínez dijo que la Red Ciudadana Anticorrupción tiene tres principales objetivos, el primero es llevar un registro voluntario de personas, instituciones académicas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil que desean colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana.
El segundo, establecer los mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad, academia y grupos ciudadanos con el Sistema Estatal Anticorrupción; el tercero, establecer mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información y formas de participación ciudadana.
Por CARLOS AGUILA