Proponen senadores del PRI deducción de pagos de colegiaturas

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI en el Senado mexicano impulsa una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se puedan deducir los pagos de colegiaturas en escuelas privadas en todos los niveles educativos: básico, medio superior y superior, así como los bienes y servicios indispensables para el aprendizaje, como útiles escolares y computadoras. 

Además, propuso modificar la Ley del IEPS para eliminar el impuesto del tres por ciento establecido a los servicios de Internet, con el objeto de apoyar a quienes, por el contexto actual, estudian y trabajan desde casa. 

Destacaron que en México nuestro país la educación privada ha ganado terreno, porque los servicios de educación pública que imparte el Estado no son suficientes para cubrir la demanda y calidad de la enseñanza, por lo que una gran cantidad de las familias mexicanas ha optado por este esquema para sus hijos, lo que les representa un gasto que, muchas veces, es insostenible.

De esta manera, la educación es uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, por la dificultad para pagar los gastos que genera asistir a una escuela privada, como inscripciones y colegiaturas. 

Añadieron que estos costos representan un alto porcentaje del ingreso familiar, a los que se añaden útiles, comidas, transporte, entre otros bienes y servicios, que impactan la economía familiar. 

En la actualidad, la posibilidad de deducir un límite de colegiaturas hasta el bachillerato sólo constituye un estímulo otorgado por el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de febrero de 2011, por lo que, incorporar este estímulo en la Ley del Impuesto sobre la Renta permitirá que los contribuyentes, en sus deducciones personales, puedan aplicar este apoyo con mayor amplitud, pero, sobre todo, con mayor certeza jurídica. 

La falta de recursos económicos, asentaron los legisladores en la iniciativa que se remitió a la Cámara de Diputados, no debe de ser una causa que impida su acceso a la escuela, ya que ello implica limitar su progreso y genera en la sociedad una espiral de exclusión, pobreza y marginación.