NIEGAN EXHORTO PÚBLICO PARA TRANSPARENTAR AYUDAS SOCIALES DE LA XV LEGISLATURA

Tras la negativa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, de emitir un exhorto público para transparentar la entrega de “ayudas sociales” por parte de los diputados de la XV Legislatura, sobre los que hay la presunción de que desviaron esos recursos, se presentó un amparo que ya fue admitido.

El amparo fue presentado contra el comité por negarse a solicitar a su similar del Sistema Anticorrupción estatal emitir un exhorto público para transparentar el tema de “ayudas sociales”, que en dos años han gastado más de 147 millones de pesos en ese rubro, recursos que se presume han sido desviados y que no han llegado a la población.

La petición de protección de la justicia federal fue presentada por Teresa Pérez Sorcia y Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, misma que fue admitida el jueves pasado por el juzgado sexto de distrito, bajo el expediente 271/2019.

Mediante un comunicado, la asociación civil recordó que el 19 de diciembre de 2018 se presentó al Comité de Participación Ciudadana (CPC) una petición para requerirle solicitar al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción la emisión de un exhorto público relacionado con el gasto en el rubro de “ayudas sociales”.

Las presuntas ayudas fueron entregadas de 2016 a 2018 por la XIV y XV Legislatura del Congreso estatal, con fundamento en sus facultades establecidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.

El artículo señala que “el Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador estatal la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública.  Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre los asuntos de que se trate”.

El Comité de Participación respondió el 5 de marzo pasado, tres meses después, negándose a la petición ciudadana, haciendo una interpretación del artículo 23 de la ley anticorrupción, argumentando que para poder solicitar un exhorto era necesario que, previamente, una autoridad determinara la existencia de un hecho de corrupción”.

El Comité Coordinador estatal está integrado por un representante del CPC, el titular de la Auditoría Superior estatal, Manuel Palacios Herrera; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo; el titular de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal; el presidente del Instituto de Acceso a la Información, José Orlando Espinosa Rodríguez, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfredo Cuéllar Labarthe.

Los que firmaron la negativa fueron los cinco integrantes del Comité de Participación: la empresaria Elsa Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa Guzmán –impulsora de la transparencia–, Marcos Gutiérrez Martínez y Francisco del Real Medina.

El CPC ha sido cuestionado desde su creación, pues la mayoría de sus integrantes no reunían el requisito de contar con experiencia en los temas de transparencia, auditoría o combate a la corrupción; tampoco el Comité de Selección que los designó cumplió con los requisitos de ley.

La cercanía del CPC con el gobierno del estado ha convertido al comité en un organismo complaciente e inútil en el combate a la corrupción, a la vez que refleja los fallos del sistema anticorrupción; es decir, “tanto se luchó por transparentar los recursos gubernamentales, que al final fue un fracaso, no sirvió para nada”, sostuvo “Somos tus Ojos”.

Por Carlos Aguila/ @aguila_carlin