Con el objetivo de regularizar el servicio de agua potable en el municipio el cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó por unanimidad iniciar las acciones legales en contra de la empresa Aguakán, consecionaria del servicio de agua potable, .
El acuerdo fue aprobado durante la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo que se llevó a cabo esta semana, busca “salvaguardar el interés público de la colectividad, privilegiando que el servicio público sea suministrado de manera permanente, general, uniforme, regular y continua conforme a las necesidades de la ciudadanía”.
En este sentido, el cabildo aprobó facultar al Síndico Municipal, Miguel Ángel Zenteno Cortés, en su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento de Benito Juárez, para que ejerza las acciones legales que correspondan, “incluyendo aquellas que pudieran tener como consecuencia la suspensión, revocación o rescate del servicio público concesionado”.
Las acciones legales corresponden al contenido de los acuerdos emitidos en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la CAPA, celebrada el 12 de noviembre de 2014, y en la ratificación del 8 de diciembre de 2014, donde se amplió el título de concesión hasta el 31 de diciembre de 2053, a favor de la personal moral Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable (DHC).
El título de concesión integral corresponde no sólo al municipio de Benito Juárez, sino que incluye a Isla Mueres, Puerto Morelos y la adhesión de Solidaridad, junto con las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y mejoramiento por las técnicas más avanzadas hasta esa fecha.
En este sentido, Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, indicó que las autoridades municipales mantienen una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para el mismo tema.
“Hoy nos estamos sumando a esta coordinación para hacer todas las acciones legales correspondientes e iniciar el proceso”, enfatizó Peralta de la Peña.
Desde 2014, los integrantes del Consejo Directivo de la CAPA aprobaron por unanimidad de votos, otorgar la anuencia para el análisis y despliegue legal respecto a los acuerdos aprobados.
Desde entonces, se había instruido al director general de CAPA apegarse estrictamente a los términos y condiciones establecidos en la concesión otorgada, así como que solicitar a los ayuntamientos con dicho servicio, sumarse al despliegue de las acciones legales, para que toda acción esté jurídicamente sustentada y con el correspondiente soporte documental.
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