Tras la conclusión del diálogo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Consejo Técnico de la institución sesionó y aprobó un incremento salarial y de prestaciones adicional, elevando la propuesta original de un 6.8% a un 8% global. Este ajuste quedó distribuido formalmente en un 4% de aumento al salario tabular y un 4% adicional destinado a la ayuda para el pago de renta de casa-habitación. La resolución respondió de manera directa a la consulta promovida por la representación sindical, en la cual las y los trabajadores expresaron que la oferta previa resultaba insuficiente. A lo largo de las negociaciones, el acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social representó un elemento clave para alcanzar el acuerdo.
El incremento pactado se mantuvo en sintonía con la política salarial impulsada durante los últimos siete años. Dentro de un periodo de 23 años, la tasa de incremento global únicamente había alcanzado el 8% en tres ocasiones. Asimismo, el aumento del 4% al salario tabular se situó por encima de los niveles de inflación, lo que representó una mejora efectiva en el poder adquisitivo de la fuerza laboral del Instituto, siendo la segunda oportunidad en 14 años en llegar a esa cifra.
A pesar de los ajustes aprobados, la medida resultó financieramente viable gracias a un ejercicio de austeridad republicana en el gasto que se instrumentó por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, logrando eficiencias y economías internas sin afectar la atención médica a la población. La viabilidad del paquete económico derivó también de mejores condiciones en los procesos de compra y contratación coordinados con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la digitalización de trámites, un óptimo rendimiento de las inversiones financieras y el incremento en los ingresos institucionales impulsado por el máximo histórico de empleo formal registrado en el país, el cual alcanzó 22.9 millones de trabajadores asegurados.
De forma complementaria al aumento salarial, las autoridades diseñaron un Plan Integral de Compromisos orientado tanto al personal laboral como a la derechohabiencia. Este programa se elaboró a partir de un diagnóstico directo «piso por piso» realizado en los distintos centros hospitalarios del Instituto, estableciendo plazos definidos y responsables asignados para su ejecución, cuya presentación ante el H. Consejo Técnico quedó programada para la misma semana.
En lo concerniente al ámbito laboral, el plan incluyó la basificación de 10,939 trabajadores eventuales contratados durante la contingencia sanitaria por COVID-19, entre los que se encontraron médicos, personal de enfermería, camilleros, trabajadores de higiene y limpieza, laboratoristas y técnicos de Rayos X, con el objetivo de reforzar áreas críticas como urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia. A la par, se determinaron acciones para agilizar la atención de pedidos emergentes de medicamentos, la digitalización de la receta colectiva, la puesta en marcha de una plataforma para el reporte de faltantes por trabajador y la modernización de almacenes y farmacias.
Para optimizar las condiciones diarias de trabajo, la estrategia contempló la dotación de equipo médico básico en cada servicio —tales como baumanómetros, termómetros, oxímetros, laringoscopios y bombas de infusión— junto con la adquisición de equipos de soporte vital. De igual manera, se estableció un programa de mantenimiento destinado a la reparación de sanitarios, sistemas de aire acondicionado, tomas de oxígeno, comedores, vestidores y refacciones electromecánicas, complementado con la reposición gradual de mobiliario operativo y médico como carros de curación, sillas de ruedas, escritorios, lockers y bancas.
En favor de la derechohabiencia, el plan priorizó la entrega oportuna de información a los pacientes y sus familias, acompañada de un trato digno a través del personal de Atención y Orientación al Derechohabiente mediante recorridos continuos por los servicios. En materia de abasto, se amplió la vigencia de la receta médica de 72 horas a 30 días y se habilitó la plataforma recetacompleta.gob.mx junto a la línea telefónica institucional para resolver faltantes. Asimismo, se aseguró la continuidad de las agendas de citas sin cierres por fin de año.
Con el propósito de reducir el rezago quirúrgico, la institución programó la realización de 31,700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana para atender los procedimientos con mayor tiempo de espera, destacando intervenciones de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, vesícula, hernias y matriz. Adicionalmente, el Programa de Fortalecimiento de Urgencias contempló la dotación de camillas, sillones de observación, monitores de signos vitales y carros rojos, aunado a la agilización de los procesos de ingreso y a la implementación de un sistema de información en tiempo real para mantener informados a los familiares sobre la evolución de sus pacientes.
La consulta directa en los hospitales representó la culminación de un proceso de aprendizaje institucional iniciado desde la atención de la pandemia y la posterior etapa de recuperación operativa. Aunque la institución canalizó recursos considerables a la edificación de nuevos hospitales y a la compra de tecnología avanzada, el recorrido por las instalaciones demostró la importancia de atender simultáneamente las necesidades operativas cotidianas. Finalmente, la integración de herramientas digitales permitió al Instituto registrar y dar seguimiento puntual a cada requerimiento por unidad médica hasta lograr su resolución, previendo detallar de manera progresiva los plazos y compromisos específicos correspondientes a cada centro de atención.