Deberá considerarse a la población sordo muda y de habla indígena en los entornos del transporte público

Con el objetivo de segurar los derechos lingüísticos de las personas sordas y el derecho a la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad es el eje del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobado por el Pleno del Congreso mexicano.

Aprobado con 463 votos, la propuesta establece que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con accesibilidad cognitiva y las vías y el espacio público deberán diseñarse contemplando información en formatos accesibles.

El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, menciona que cuando se trate de personas hablantes de lenguas indígenas o de lengua de señas mexicana o regional, la atención deberá prestarse asegurando que la comunicación se lleve a cabo en su propia lengua.

La propuesta especifica que “la accesibilidad cognitiva es de relevancia no solamente para la comunidad de sordos, así como otros usuarios con discapacidad, al eliminar las barreras para la orientación y la comprensión a través de comunicación e información efectiva de pictogramas, señalética, recorridos bien diseñados del espacio, aplicación de tecnologías, entre otros; usuarios vulnerables como adultos mayores y niños también se verán beneficiados en el ejercicio de su derecho a la movilidad”.

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Movilidad, la diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena) indicó que se incluye el término de accesibilidad cognitiva que nombra de manera específica la incorporación de textos, pictogramas, señalamientos y otro tipo de indicaciones para la fácil comprensión de todas las personas.

Lo anterior, añadió, con la intención de que realmente se consideren los servicios de transporte, los apoyos, la comunicación y la información con acciones afirmativas, así como los ajustes razonables a los que tienen derecho con la información y formato accesibles en beneficio no solo de personas sordas, hablantes de lenguas de señas.

Con relación a la información y quejas de transporte, dijo, establece que cuando se trate de personas hablantes de lenguas indígenas o de lengua de señas mexicana o regional, la atención deberá prestarse asegurando que la comunicación se lleve a cabo en su propia lengua.

Con eso, abundó, se dará cumplimiento a los preceptos que regulan el diseño y operatividad del sistema de movilidad, con respeto al pluralismo cultural múltiple de lenguas para que se implementen los mecanismos que garanticen la accesibilidad de manera inclusiva; eso refleja un paso más en materia de derecho lingüístico de las personas sordas y el derecho a la accesibilidad.

La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosio (MC) resaltó que en México más de seis millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5 por ciento de la población total del país.

De acuerdo al Inegi, abundó, aproximadamente 2.3 millones de personas por diversas razones presentan algún grado de discapacidad auditiva y la Federación Mexicana de Sordos estima que alrededor de 300 mil personas han aprendido lenguas de señas mexicanas. Por ello, es necesario mejorar la redacción actual en la Ley.

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