Más de 8 millones de hectáreas del estado de Quintana Roo se encuentran sujetas a alguna categoría de área natural protegida informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente Efraín Villanueva Arcos ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la H. XVI Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con motivo del quinto informe de gobierno
.Añadió que en total existen 28 áreas naturales protegidas públicas, 18 de ellas establecidas en coordinación con la federación y 10 áreas naturales protegidas de competencia estatal; y 7 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Informó que la entidad cuenta hoy con 3 millones 977 mil hectáreas ordenadas, es decir el 65% del territorio. Los municipios Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco tienen el 100% bajo ordenamiento territorial, y los municipios Bacalar y José María Morelos llevan un avance del 90%.
Hay una agenda climática transversal, trayectorias de descarbonización, se actualiza la Ley de acción para el cambio climático y se ha reformado la Ley orgánica de la administración pública para transferir a SEMA las competencias para promover la eficiencia energética y las energías renovables.
En coordinación con el Banco Interamericano para el Desarrollo, ENREL, Iniciativa climática de México y La Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, se trabaja en la información para establecer un plan energético que identifica áreas, proyectos estratégicos y prioridades.
Mediante convenio con el World Resources Institute-WRI (Instituto de Recursos Mundiales) se impulsa la alianza para la implementación de medidas de eficiencia energética y apoyo para la actualización de los reglamentos de construcción.
En 2019, se publicó la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de la eliminación de plásticos y productos de un solo uso y la transición a tecnologías para el aprovechamiento energético a partir de residuos con especial atención a las zonas insulares.
Por tercer año consecutivo, se contrató la Póliza del Seguro Paramétrico para proteger las playas marinas y arrecifes de coral de las costas, a través del Fideicomiso para el Manejo Integral de Zonas Costeras, Desarrollo Social y Seguridad del Estado, con una inversión de 20 millones 255 mil pesos, que asegura 150 kilómetros de ecosistemas costeros, contra huracanes categorías 3, 4 y 5 y con vientos de 96 nudos o mayor.
En el quinto año de gobierno se otorgaron 28 permisos para el transporte de aguas residuales, de los cuales: 15 en Benito Juárez, 12 en Solidaridad y 1 en Puerto Morelos. En 5 años de gobierno, se expidieron 82 permisos. Los permisionarios dispusieron adecuadamente 10 mil 914 metros cúbicos de aguas residuales durante los 5 años de gobierno, de acuerdo a los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción exhibidos por los mismos.
Para asegurar la conservación de las selvas y manglares como reservorios de carbono, el estado durante estos últimos 5 años ha firmado convenios de colaboración con la Comisión Nacional Forestal para evitar deforestación y prevenir incendios. Desde 2016 al 2021 se combatieron 243 incendios en áreas forestales para la protección de 71 mil 165 hectáreas que se vieron afectadas por los incidentes.
Quintana Roo se sumó a las acciones para la actualización de los Lineamientos Técnicos y de Gestión para la Atención de la Contingencia ocasionada por sargazo en el Caribe Mexicano y el Golfo de México, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, publicó en 2021. El gobierno del Estado a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos entregó 7 predios en comodato y 1 en donación a los municipios para la disposición del sargazo.
En 5 años de gobierno, 53 mil quintanarroenses participación en 364 actividades educativas para la formación de una cultura ambiental, se desarrolló el Plan Estatal de Educación Ambiental, Jornadas ambientales de capacitación, el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental, 33 hoteles implementaron buenas prácticas ambientales y los principios de turismo alternativo con la participación de 211 prestadores de servicios turísticos.
Este último año se consolidó la evaluación de impacto y riesgo ambiental como el instrumento de análisis y control para que los proyectos de obras, acciones, servicios o actividades que se realizan en el estado, tengan compatibilidad con el entorno ambiental, el aprovechamiento sustentable, los recursos naturales y mejora de la calidad de vida de los habitantes. En el período de julio 2020 a junio 2021 se atendieron un total de 174 trámites de competencia estatal.
Para consolidar la transparencia, participación y credibilidad en el proceso de evaluación en materia de impacto ambiental de los proyectos de competencia federal, se promovió la participación de la autoridad ambiental estatal.