El establecimiento de mesas de compromisos para crear una agenda de trabajo y mejorar las prácticas anti-corrupción en el ámbito gubernamental y legislativo en el estado de Quintana Roo, fue uno de los acuerdos establecidos durante el encuentro que sostuvieron esta semana autoridades del gobierno del estado y representantes de la organización civil World Justice Project (WJP).
Word Justice Project evalúa diversos factores que incluyen la delimitación del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la apertura gubernamental, el respeto a los derechos fundamentales, el mantenimiento del orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la administración de justicia civil y penal.
Las mesas de compromiso se encargarán de analizar y proponer acciones concretas para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho en Quintana Roo y estarán integradas por diversas dependencias y entidades gubernamentales clave como SECOES, SEFIPLAN, CEMER, SEOP, Oficialía Mayor, Poder Judicial, TJAQROO, TEQROO, Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otras.
La reunión estuvo encabezada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa quien recalcó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en un gobierno abierto y como ejemplo de ello, citó la adhesión de los 11 municipios a la Declaratoria de Municipios Anticorrupción, la implementación de la Declaratoria a nivel estatal, y la reforma la nueva Ley de Seguridad Ciudadana a la cual consideró como un modelo de seguridad ciudadano inédito en el país.
De acuerdo a información dada a conocer por el gobierno de Quintana Roo, actualmente la entidad, se sitúa en el octavo lugar a nivel nacional en el índice de Gobierno Abierto y Transparencia.
Durante la reunión, la gobernadora estuvo acompañada por la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; el fiscal General del Estado, Raciel López Salazar y el secretario particular, Ángel Rivero Palomo.
El encuentro participó el director del programa Word Justice Project (WJP), Alejandro González Arreola quien estuvo acompañado por Cynthia Dehesa Guzmán, directora de Ciudadanos por la Transparencia
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