El presupuesto para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en México, aumento en un 188.34 por ciento, al pasar de mil 954 millones 47 mil 422 pesos mexicanos en 2019 a 3 mil 680 millones 389 mil 174 pesos en 2023, según un informe difundido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
La información se dio a conocer durante el cuadragésimo quinto periodo de sesiones del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual México participa por cuarta ocasión.
La delegación mexicana presentó las acciones emprendidas en materia de derechos humanos desde la última revisión en 2018, y respondió a las preguntas y observaciones que realizaron 115 Estados.
En su informe, publicado en el sitio web del organismo internacional, bajo el título “Informe nacional presentado en virtud de las resoluciones 5/1 y 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*, y el cual consta de 44 páginas, México menciona que se realizaron una amplia gama de acciones para la formación de personas funcionarias y servidoras públicas de la Administración Pública Federal (APF) en derechos humanos.
Destaca que actualmente las 32 entidades federativas cuentan con una ley antidiscriminatoria; que 30 estados cuentan con una cláusula antidiscriminatoria en sus constituciones locales; y que entre 20 y 31 entidades federativas incluyen algún elemento que penaliza la discriminación.
Así mismo, informa que a partir de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SEGOB33
comenzaron a trabajar sobre el proyecto del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Entre los comentarios que recibió México durante su examen, destacan las de Human Rights Watch (HRW) que destacó la elevada tasa de homicidios que fue de 28 por cada 100 mil habitantes en 2021. Así como las comunicaciones conjuntas que denunciaron violencia, corrupción y connivencia generalizadas así como alarmantes cifras de impunidad que beneficiaban a perpetradores de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, tanto agentes del estado como organizaciones criminales cuando actuaban en colusión.
Por su parte, Artículo 19 señaló que, tras la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en 2023 se crearon un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, un Banco Nacional de Datos Forenses, un Registro de Personas Fallecidas no Identificadas, un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y un Registro de Detenciones, sin embargo, las comunicaciones conjuntas 29 y 32 mencionaron las deficiencias de estos organismos, incluidos los recursos operativos y estructurales para cumplir sus funciones, y una crisis de los servicios forenses.
El documento de observaciones, puesto a disposición del público en general por el organismo, consta de 22 páginas, que según lo informado por la SRE, serán analizadas con detenimiento por las diversas instancias competentes.
En fecha posterior, el Gobierno de México informará al Consejo de Derechos Humanos su respuesta a las recomendaciones formuladas durante el MEPU y el seguimiento que habrá de otorgarles.
El Examen Periódico Universal es una revisión entre pares sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos en la que participan periódicamente todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.
La delegación mexicana encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García, y estuvo integrada por la representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Francisca Méndez Escobar; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Yadhira Yvette Tamayo Herrera; así como el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo y la senadora Nestora Salgado García, además del director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Roberto de León Huerta.